Rastreo del IEPS no frena el huachicol fiscal; corrupción en aduanas es el problema: Gonzalo Monroy
_ El especialista en temas energéticos, Gonzalo Monroy, analizó la propuesta del Gobierno federal para implementar un sistema de rastreo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en los combustibles, con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el llamado huachicol fiscal. Para Monroy, esta medida, aunque bien intencionada, no será suficiente para erradicar el contrabando de combustibles en México.
La iniciativa plantea monitorear el recorrido de los combustibles desde su importación hasta su venta en gasolineras, mediante herramientas fiscales y tecnológicas como códigos QR, para asegurar la trazabilidad del producto. Sin embargo, Gonzalo Monroy señaló que este mecanismo no es nuevo, pues ya está contemplado en la legislación del sector de hidrocarburos desde hace dos años, y su aplicación por sí sola no resolverá el problema de fondo.
El verdadero obstáculo, según el especialista, es la corrupción presente en puertos y aduanas, donde ingresan cargamentos de combustible sin cumplir los controles correspondientes. Monroy destacó que, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas en esos puntos, el contrabando persiste, especialmente en las regiones del norte y noreste del país, lo que evidencia que la fiscalización en la frontera sigue siendo un desafío crítico.
En cuanto al impacto para los consumidores, el experto afirmó que el rastreo del IEPS no tendrá un efecto inmediato en los precios de los combustibles. Factores como el cobro del propio impuesto y los descuentos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorga a distribuidores y gasolineras determinan los costos actuales: la gasolina Magna se ubica en alrededor de 24 pesos por litro, mientras que el diésel alcanza los 27 pesos.
Monroy sugirió que, para combatir eficazmente el contrabando, se requeriría reducir el IEPS, aunque reconoció que ello implicaría un fuerte costo para las finanzas públicas, ya que se estima recaudar más de 450 mil millones de pesos por este concepto. La discusión cobra relevancia tras las recientes acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sancionó a 2,205 empresas por vender combustible ilegal, y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que detectó irregularidades en 50 aduanas y evitó la evasión de 4,600 millones de pesos. Así, el combate al huachicol fiscal demanda atacar la corrupción estructural en los puntos de entrada al país.
La iniciativa plantea monitorear el recorrido de los combustibles desde su importación hasta su venta en gasolineras, mediante herramientas fiscales y tecnológicas como códigos QR, para asegurar la trazabilidad del producto. Sin embargo, Gonzalo Monroy señaló que este mecanismo no es nuevo, pues ya está contemplado en la legislación del sector de hidrocarburos desde hace dos años, y su aplicación por sí sola no resolverá el problema de fondo.
El verdadero obstáculo, según el especialista, es la corrupción presente en puertos y aduanas, donde ingresan cargamentos de combustible sin cumplir los controles correspondientes. Monroy destacó que, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas en esos puntos, el contrabando persiste, especialmente en las regiones del norte y noreste del país, lo que evidencia que la fiscalización en la frontera sigue siendo un desafío crítico.
En cuanto al impacto para los consumidores, el experto afirmó que el rastreo del IEPS no tendrá un efecto inmediato en los precios de los combustibles. Factores como el cobro del propio impuesto y los descuentos que Petróleos Mexicanos (Pemex) otorga a distribuidores y gasolineras determinan los costos actuales: la gasolina Magna se ubica en alrededor de 24 pesos por litro, mientras que el diésel alcanza los 27 pesos.
Monroy sugirió que, para combatir eficazmente el contrabando, se requeriría reducir el IEPS, aunque reconoció que ello implicaría un fuerte costo para las finanzas públicas, ya que se estima recaudar más de 450 mil millones de pesos por este concepto. La discusión cobra relevancia tras las recientes acciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sancionó a 2,205 empresas por vender combustible ilegal, y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), que detectó irregularidades en 50 aduanas y evitó la evasión de 4,600 millones de pesos. Así, el combate al huachicol fiscal demanda atacar la corrupción estructural en los puntos de entrada al país.
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