El 27 de agosto de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional para prohibir que personas con doble nacionalidad se postulen a la Presidencia de la República, gubernaturas o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. La propuesta establece que quienes aspiren a estos cargos deberán renunciar formalmente a su otra ciudadanía antes de solicitar su registro como candidatos.

El objetivo central de la reforma es garantizar que los funcionarios electos antepongan los intereses de México sobre cualquier vínculo con otro Estado, en un contexto donde se han detectado intentos de injerencia extranjera en asuntos nacionales. La consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, explicó que la iniciativa busca corregir un vacío interpretativo en la Constitución respecto a personas que poseen otra nacionalidad además de la mexicana.

Entre los puntos clave de la iniciativa destaca el requisito exclusivo de nacionalidad mexicana por nacimiento, la renuncia obligatoria para quienes tengan doble nacionalidad, una residencia mínima de 20 años en el país para aspirar a la presidencia, y la prohibición de adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo. También se contemplan sanciones constitucionales y un procedimiento reglamentado que involucrará al Instituto Nacional Electoral (INE) y a autoridades mexicanas y extranjeras.

Esta reforma cobra relevancia porque busca fortalecer la soberanía nacional y evitar influencias externas en los más altos cargos del Ejecutivo. Además, responde a la necesidad de eliminar vacíos legales que podrían generar interpretaciones ambiguas sobre la elegibilidad de candidatos con doble nacionalidad. La iniciativa ya genera debate en distintos sectores políticos y sociales del país.

Aunque la medida es vista como un paso para proteger la integridad del Estado, también plantea interrogantes sobre los derechos de los ciudadanos con doble nacionalidad y las implicaciones legales de renunciar a una de sus ciudadanías. El dictamen deberá ser analizado por el Congreso, donde se espera un amplio diálogo para definir los alcances de esta reforma.