La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma constitucional que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, una modificación histórica impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El dictamen avanzó sin cambios y fue enviado a las legislaturas estatales, donde deberá recibir el respaldo de al menos 17 congresos locales para ser promulgado. La votación alcanzó un consenso amplio: 469 votos a favor en lo general, sin votos en contra ni abstenciones; en lo particular, las reservas obtuvieron 411 votos favorables y 58 en contra.

La reforma modifica las fracciones IV y XI del apartado A del artículo 123 constitucional y establece que por cada seis días laborados, las personas trabajadoras deberán disfrutar de al menos un día de descanso con salario íntegro. Además, define nuevas reglas para el pago de horas extra: hasta 12 horas extraordinarias semanales deberán pagarse al doble, mientras que cualquier tiempo que exceda este límite deberá remunerarse al triple. Las personas menores de 18 años no podrán realizar trabajo extraordinario.

El decreto contempla una implementación gradual que permitirá adaptar la reforma sin afectar salarios ni prestaciones. En 2026 la jornada permanecerá en 48 horas semanales; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y finalmente, en 2030 quedará establecida en 40 horas. Tras su entrada en vigor, el Congreso de la Unión dispondrá de 90 días para ajustar la legislación secundaria.

Durante la discusión en el pleno, legisladoras y legisladores manifestaron posiciones contrastantes. La diputada morenista Maiella Gómez Maldonado afirmó que la reforma es resultado de un “amplio diálogo nacional” y garantiza descanso digno sin afectar ingresos. Sin embargo, representantes del PAN y PRI cuestionaron que la jornada siga distribuyéndose en seis días y lamentaron que no se incluyera un segundo día de descanso obligatorio. Rubén Moreira, coordinador del PRI, advirtió que la forma de regular horas extra podría incentivar abusos, mientras otros legisladores subrayaron que la iniciativa quedó “a medias” al no contemplar incentivos fiscales ni apoyos a pequeñas y medianas empresas. Aun con los desacuerdos, la propuesta avanza hacia los congresos locales, donde continuará el proceso para convertirse en una reforma constitucional vigente en todo el país.