_ La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó en La Yesca, Nayarit, la firma del decreto que oficializa la restitución de 5 mil 956 hectáreas al pueblo Wixárika, como parte del Plan de Justicia impulsado por el Gobierno de México. Este acto representa un avance significativo en el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, celebró este logro como parte del compromiso del gobierno federal con el Humanismo Mexicano y la justicia social. Informó que el proceso implicó la adquisición de 42 predios —22 durante años anteriores y 20 en lo que va de 2025— que totalizan las hectáreas devueltas. Este trabajo fue realizado en conjunto con el Tribunal Unitario Agrario y el equipo técnico de las comunidades.
Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), detalló que estas hectáreas representan un 58% del total del proceso de restitución. Por su parte, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, indicó que se han destinado más de mil 547 millones de pesos para saldar esta deuda histórica, y destacó que esta acción también representa una inversión moral en el futuro del país.
Carlos Hernández Valdéz, gobernador tradicional de San Sebastián Teponahuaxtlán, agradeció al Gobierno de México por avanzar en la justicia histórica. Recordó que el Plan de Justicia comenzó en 2022 bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador y se ha consolidado con el actual gobierno. Por su parte, Misael Cruz de Haro, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, reconoció esta nueva relación institucional con un gobierno que reconoce el derecho y la autonomía de los pueblos originarios.
Al evento asistieron autoridades federales, estatales y tradicionales, incluyendo representantes de la Sedatu, Bienestar, Conapred, IMSS-Bienestar, INAH, Registro Agrario Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entre otros, quienes refrendaron el compromiso de avanzar en políticas públicas que reconozcan y restituyan los derechos de los pueblos indígenas de México.
