La secretaria de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca, Leticia Elsa Reyes López, informó ante el Congreso del Estado que 16 personas exservidoras públicas y un contratista fueron sancionadas por faltas administrativas graves y hechos de corrupción. La titular compareció ante la Comisión Permanente de Transparencia, Acceso a la Información y Congreso Abierto de la LXVI Legislatura para destacar las acciones de su dependencia en la prevención de actos de corrupción, el seguimiento a la aplicación de recursos públicos y la sanción de conductas ilícitas.

Durante su intervención en el marco de la Glosa del Tercer informe del Gobernador Salomón Jara Cruz, Reyes López subrayó los resultados del Programa Anual de Auditorías 2025. A través de este programa se iniciaron 20 procedimientos que fiscalizaron más de 2 mil 124 millones de pesos en cinco dependencias y 13 entidades de la administración pública estatal. Además, mediante los Comités de Contraloría Social se vigilaron más de 3 mil 447 obras públicas, con una inversión superior a los 4 mil 760 millones de pesos.

Para transparentar los procesos, se implementó el Padrón de Contratistas (Padeco), que ha atendido 986 solicitudes de registro y otorgado 550 constancias. Este padrón también emitió 302 opiniones normativas que respaldan mil 455 procedimientos de contratación por un monto total de 5 mil 321 millones. En materia disciplinaria, se iniciaron 316 nuevos expedientes por responsabilidad administrativa contra servidores públicos, resultando en 236 resoluciones que incluyeron amonestaciones privadas (128), amonestaciones públicas (63), suspensiones (13) e inhabilitaciones (7).

Las sanciones más graves fueron impuestas por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción contra los exservidores públicos y el contratista. Paralelamente, ante la Fiscalía Especializada en Materia Combate a la Corrupción se presentaron denuncias: veintiuna contra exservidores públicos derivadas directamente auditorías realizadas por esta Secretaría; así como ocho denuncias adicionales relacionadas específicamente con procedimientos licitatorios irregulares.