SCJN y organismos firman convenio para proteger derechos político-electorales de pueblos indígenas y afromexicanos
_ La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encabezó la firma del Convenio Marco de Colaboración “Por la defensa y promoción de los derechos electorales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, con el propósito de garantizar el respeto a las decisiones de estas comunidades en materia político-electoral. El acuerdo fue suscrito por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
El convenio busca impulsar acciones para que los pueblos indígenas y afromexicanos accedan plenamente al ejercicio de sus derechos político-electorales y a la jurisdicción electoral, bajo una perspectiva intercultural e interseccional. Durante el evento, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que “derecho que no se entiende, no se ejerce, ni puede hacerse realidad”, por lo que se trabaja en traducir normas y textos para que los justiciables puedan acceder a ellos en sus lenguas.
Aguilar Ortiz también explicó que la justicia debe ser pluricultural y que ya no se puede sostener que la fuente de la norma es únicamente el Estado. “Ya no podemos pensar que tiene que ser un gobierno para gobernar una población homogénea. Tiene que ser un gobierno capaz de gobernar la diversidad o la pluralidad”, afirmó. En tanto, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, señaló que no se puede tener una política institucional con visión intercultural sin la participación de las comunidades a las que se pretende servir.
El presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, indicó que una persona accede plenamente a la justicia cuando puede ser comprendida en su lengua, en su contexto y en su forma de organización comunitaria. Por su parte, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que esta firma forma parte de la implementación del nuevo artículo segundo de la Constitución Mexicana, y resaltó la elaboración de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuya consulta nacional inició mediante 82 asambleas regionales.
La titular del INALI, Inocencia Arellano Mijarez, afirmó que la diversidad lingüística es una de las mayores fortalezas de México y representa una riqueza que debe ser reconocida, protegida y fortalecida. Añadió que garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y afromexicanos es una responsabilidad compartida del Estado mexicano con la igualdad, la inclusión y la no discriminación.
En representación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la consejera Frida Denisse Gómez Puga explicó que se busca construir una capacidad institucional permanente para que la asistencia de una persona intérprete no dependa de soluciones improvisadas. Mientras tanto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra subrayó que cuando se trata de derechos político-electorales, se debe tomar en cuenta la circunstancia particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes están rompiendo techos de cristal al amparo del artículo segundo constitucional.
La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que esta firma representa el activismo del presidente de la Corte para ampliar el acceso a la justicia, en un contexto de reformas constitucionales recientes que incrementan los derechos individuales y colectivos. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García dijo que esta Duodécima Época de la SCJN podría ser “la época de la justicia humanista, la época de la justicia para los pueblos y comunidades indígenas”.
El ministro Irving Espinosa Betanzo advirtió que “una justicia que no entiende el contexto social es una justicia que falla”, por lo que el convenio es un compromiso para derribar barreras históricas, lingüísticas y culturales. El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía expresó que la firma implica un trabajo coordinado para que los pueblos indígenas y afromexicanos ejerzan plenamente sus derechos político-electorales.
Con este convenio, la Suprema Corte y las instituciones firmantes ratifican su compromiso con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para impulsar el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, desde una perspectiva intercultural e interseccional.
El convenio busca impulsar acciones para que los pueblos indígenas y afromexicanos accedan plenamente al ejercicio de sus derechos político-electorales y a la jurisdicción electoral, bajo una perspectiva intercultural e interseccional. Durante el evento, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, subrayó que “derecho que no se entiende, no se ejerce, ni puede hacerse realidad”, por lo que se trabaja en traducir normas y textos para que los justiciables puedan acceder a ellos en sus lenguas.
Aguilar Ortiz también explicó que la justicia debe ser pluricultural y que ya no se puede sostener que la fuente de la norma es únicamente el Estado. “Ya no podemos pensar que tiene que ser un gobierno para gobernar una población homogénea. Tiene que ser un gobierno capaz de gobernar la diversidad o la pluralidad”, afirmó. En tanto, el presidente del OAJ, Néstor Vargas Solano, señaló que no se puede tener una política institucional con visión intercultural sin la participación de las comunidades a las que se pretende servir.
El presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, indicó que una persona accede plenamente a la justicia cuando puede ser comprendida en su lengua, en su contexto y en su forma de organización comunitaria. Por su parte, el titular del INPI, Adelfo Regino Montes, destacó que esta firma forma parte de la implementación del nuevo artículo segundo de la Constitución Mexicana, y resaltó la elaboración de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, cuya consulta nacional inició mediante 82 asambleas regionales.
La titular del INALI, Inocencia Arellano Mijarez, afirmó que la diversidad lingüística es una de las mayores fortalezas de México y representa una riqueza que debe ser reconocida, protegida y fortalecida. Añadió que garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y afromexicanos es una responsabilidad compartida del Estado mexicano con la igualdad, la inclusión y la no discriminación.
En representación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, la consejera Frida Denisse Gómez Puga explicó que se busca construir una capacidad institucional permanente para que la asistencia de una persona intérprete no dependa de soluciones improvisadas. Mientras tanto, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra subrayó que cuando se trata de derechos político-electorales, se debe tomar en cuenta la circunstancia particular de las mujeres indígenas y afrodescendientes, quienes están rompiendo techos de cristal al amparo del artículo segundo constitucional.
La ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que esta firma representa el activismo del presidente de la Corte para ampliar el acceso a la justicia, en un contexto de reformas constitucionales recientes que incrementan los derechos individuales y colectivos. El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García dijo que esta Duodécima Época de la SCJN podría ser “la época de la justicia humanista, la época de la justicia para los pueblos y comunidades indígenas”.
El ministro Irving Espinosa Betanzo advirtió que “una justicia que no entiende el contexto social es una justicia que falla”, por lo que el convenio es un compromiso para derribar barreras históricas, lingüísticas y culturales. El ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía expresó que la firma implica un trabajo coordinado para que los pueblos indígenas y afromexicanos ejerzan plenamente sus derechos político-electorales.
Con este convenio, la Suprema Corte y las instituciones firmantes ratifican su compromiso con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para impulsar el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales, desde una perspectiva intercultural e interseccional.
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