La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este sábado la imposición de sanciones por faltas no graves a servidores públicos de ocho dependencias federales, tras investigaciones realizadas por las Unidades de Responsabilidades y los Órganos Internos de Control en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF), la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo (ASIPONA Manzanillo) y la Secretaría de Salud (Salud).

De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones se aplicaron conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, considerando criterios de proporcionalidad y gravedad de cada falta. Entre los casos más destacados, Pemex suspendió por 30 días a Marlyn C. y María F., del Departamento de Personal Salina Cruz Marina-Pacífico, por no atender ni dar seguimiento al trámite de pago de prestaciones laborales postmortem de un trabajador entre 2022 y 2025. En CFE, se suspendió por 15 días a Josué S., de la División Oriente, por registrar solicitudes de contratación de suministro eléctrico sin tener facultades durante 2024.

El IMSS impuso una inhabilitación por tres meses a Víctor C., del Hospital General Regional 1 en Querétaro, por omitir examinar, diagnosticar e implementar un tratamiento médico-quirúrgico a un paciente, lo que ocasionó deterioro en su salud hasta su fallecimiento en 2022. En la Secretaría de la Defensa Nacional, se aplicó una amonestación privada a Luis C., del 98º Batallón de Infantería en Oaxaca, por omitir integrar el expediente clínico de un paciente de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas en 2023. Por su parte, el SNDIF suspendió por 15 días a Ornela G., del Centro de Asistencia Social para la Segunda Infancia en la Ciudad de México, por maltrato contra un menor de edad en 2025.

La ANAM fue la dependencia con mayor número de sancionados: suspendió por 15 días a Tomas M., Brenda P. y Hernán M., de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por omitir la revisión total del equipaje de tres pasajeros internacionales en 2023. Además, impuso la misma sanción a José A. y Omar G., de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y de la Dirección de Planeación Estratégica de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación, respectivamente, por suscribir un convenio modificatorio que rebasó el 20% del monto establecido en un contrato de servicios de telefonía en 2023. En ASIPONA Manzanillo, Edmundo C., de la Gerencia de Ingeniería, recibió dos suspensiones de 10 y 12 días por omitir gestionar adecuaciones presupuestarias para las construcciones del “Acueducto Armería-Manzanillo, Colima” y de la “Vialidad norte para un segundo ingreso al Recinto Portuario” en 2023.

Finalmente, la Secretaría de Salud aplicó una amonestación pública a Ana G., del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" en la Ciudad de México, por proporcionar documentación con información confidencial en 2023. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno subrayó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones, y que la dependencia defenderá dichas resoluciones con firmeza, apegadas a derecho y respaldadas en evidencia, anteponiendo la protección de los derechos de las personas afectadas. Asimismo, invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier conducta contraria a los principios de legalidad, respeto e integridad a través del portal https://denuncias.gob.mx.

La dependencia reafirmó su compromiso para erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, honestidad, integridad y buen gobierno, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Estas acciones forman parte de un esfuerzo sistemático por fortalecer la confianza en las instituciones mexicanas, mediante la aplicación de sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas no graves cometidas por servidores públicos de distintos niveles.