La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y en coordinación con la Asociación de Bancos de México (ABM), emitió la Guía para Sujetos Obligados del Sector Financiero en el Monitoreo del Perfil Transaccional de Clientes y/o Usuarios: “Casos Relacionados a Extorsión”. El objetivo es fortalecer la detección y mitigación de riesgos asociados a la vinculación entre la extorsión y las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

La elaboración de esta Guía contó con el apoyo, apertura institucional y amplia disposición de la ABM, cuya experiencia y colaboración fueron fundamentales para enriquecer el análisis de patrones transaccionales, fortalecer los mecanismos de monitoreo y consolidar una herramienta práctica para las instituciones financieras. La participación activa del sector bancario refleja su compromiso permanente con la prevención de la delincuencia financiera y con el fortalecimiento de la integridad y seguridad del sistema financiero nacional. Los Oficiales de Cumplimiento de las entidades bancarias contarán con 60 días naturales para presentar la Guía ante sus respectivos Comités de Comunicación y Control para su aprobación y adopción. Una vez aprobada, las entidades dispondrán de un plazo adicional de 60 días a fin de implementar su contenido en los procesos de análisis y reporte de operaciones, en aquello que resulte aplicable conforme a sus modelos de riesgo.

La extorsión constituye uno de los delitos predicados de ORPI, toda vez que los recursos obtenidos mediante esta conducta suelen ser objeto de operaciones destinadas a ocultar o disimular su origen, para posteriormente ser colocados, dispersados y movilizados a través del sistema financiero e incorporados a la economía formal. El documento se sustenta en análisis estratégicos realizados por la UIF, mediante los cuales se identificaron patrones transaccionales asociados con esquemas de extorsión operados desde el interior de Centros Penitenciarios. Entre los hallazgos, destaca la recepción de transferencias electrónicas con conceptos recurrentes y la movilización acelerada de recursos a través de aplicaciones móviles, las cuales concentraron alrededor del 70% de las operaciones observadas en el caso analizado.

La Guía incorpora señales de alerta, indicadores para el análisis y recomendaciones de monitoreo y evaluación de riesgos, así como prácticas de análisis estratégico y medidas mitigantes frente a los riesgos identificados. Lo anterior permitirá a las instituciones financieras fortalecer sus procesos de detección y enfocar de manera más eficiente sus recursos de supervisión y control. Con esta acción, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, y el sector bancario en su conjunto, fortalecen las herramientas preventivas del sistema financiero mexicano y refrendan su compromiso de apoyar a los sujetos obligados en la detección y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, contribuyendo al cumplimiento de los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y al fortalecimiento del sistema nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.