El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles con el objetivo de "liberar" la ciudad de lo que denominó una "invasión migratoria". La decisión fue anunciada tras tres días de protestas en contra de redadas masivas del ICE, las cuales derivaron en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Los Ángeles ha sido tomada por migrantes indocumentados y criminales, y que su gobierno no tolerará disturbios.

Los operativos incluyeron el despliegue de 2 mil efectivos, quienes se enfrentaron con manifestantes frente a instalaciones federales. Las protestas, donde se corearon consignas como “¡ICE fuera de Los Ángeles!”, fueron respondidas con medidas de control de multitudes como gases lacrimógenos y detenciones. Las autoridades reportaron al menos 30 arrestos y varios agentes heridos, mientras la tensión sigue aumentando en distintos puntos de la ciudad.

El gobernador de California, Gavin Newsom, criticó la acción de Trump y acusó al presidente de buscar un espectáculo político. Señaló que el estado tiene recursos suficientes para atender la situación y pidió mantener la calma. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, advirtió que los marines están en alerta máxima y listos para intervenir si la violencia continúa, mostrando un endurecimiento del discurso federal frente a las manifestaciones.

La congresista Nanette Barragán también condenó el despliegue de tropas, al considerar que exacerba una situación ya tensa en comunidades mayoritariamente hispanas y migrantes. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional reportó al menos 44 detenciones relacionadas con inmigración en las recientes redadas.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente las acciones del gobierno estadounidense, señalando que “no es con redadas ni con violencia como se atiende el fenómeno migratorio”. Llamó a buscar soluciones mediante una reforma integral. La legalidad del despliegue federal sin el consentimiento del gobernador también está siendo cuestionada, ya que la norma establece que dichas órdenes deben pasar por los gobiernos estatales.