El jefe de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rodrigo Brito Melgarejo, afirmó que la edad no puede ser una razón para restringir garantías, desconocer voluntades o limitar la participación de las personas en las decisiones que les afectan. Lo dijo al inaugurar el ciclo de conferencias "Derechos, protección y cuidados de las personas adultas mayores", organizado por esa división y el Seminario de Derecho Civil en el auditorio "Gabino Fraga" de la facultad.

Brito Melgarejo señaló que la forma en que se reconoce, respeta y protege a los adultos mayores refleja la concepción de justicia y los vínculos de solidaridad de una sociedad. Sostuvo que una sociedad comprometida con las garantías individuales debe generar condiciones para que todas las personas vivan con dignidad, seguridad y autonomía, independientemente de su edad o circunstancias, y debe identificar y combatir la discriminación, el abuso y el abandono.

El académico advirtió que esas situaciones no siempre son visibles y en ocasiones ocurren en espacios donde debería existir mayor confianza y protección, por lo que consideró importante contar con herramientas jurídicas e institucionales para prevenirlas, atenderlas y, cuando corresponda, sancionarlas. Añadió que los problemas relacionados con el envejecimiento no pueden comprenderse ni atenderse desde una sola disciplina.

En el mismo encuentro, la académica de la Facultad de Derecho Elva Cárdenas Miranda indicó que integrantes de ese sector, que va en aumento, son discriminados y señalados por su edad o porque carecen de condiciones para ser productivos, lo que los relega en el entorno familiar y social. Ante la titular del Seminario de Derecho Civil, María del Carmen Montoya Pérez, citó datos recientes de la Organización de las Naciones Unidas según los cuales el número de personas de 60 años y más se duplicó al pasar de 541 millones en 1995 a mil 200 millones en 2025.

De acuerdo con la proyección que mencionó, esa cifra alcanzará dos mil 100 millones en 2050 y para 2080 superará el número de personas menores de 18 años. Frente a ese panorama, Cárdenas Miranda planteó que se requiere que las personas adultas mayores sean productivas e se integren a la sociedad que las relega, y que se defina una política pública integral para que estén en mejores condiciones y en un entorno más accesible. También señaló que la justicia para este sector es un aspecto que debe llamar la atención.