_ Muy buenos días tengan todos ustedes.
Con su permiso señor presidente.
Tal y como fue su instrucción, hemos venido trabajando de manera coordinada la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estatales y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para hacer realidad un acto de justicia en favor de las personas privadas de su libertad, adultos mayores que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa o se encuentran en fase terminal; adultos mayores de 70 años víctimas de tortura con Protocolo de Estambul; indígenas que en su momento no tuvieron una defensa adecuada, así como quienes llevan dos años o más en prisión preventiva o sin sentencia.
Realizamos las gestiones con los jueces competentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Fiscalía General de la República, con el propósito de agilizar los trámites en preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, ya que se requiere cumplir con una serie de requisitos establecidos en la ley.
Hay que recordar que, a partir de 2016, el otorgamiento de la Libertad Anticipada es atribución exclusiva del Poder Judicial, sin embargo, hemos hecho las gestiones necesarias para que este tenga todos los elementos de resolución en cada caso.
A lo largo de las últimas semanas, a través del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social se han realizado las revisiones a fin de determinar quienes cumplen con los requisitos previstos en la ley, para ser preliberados y modificar así las medidas cautelares u obtener su libertad.
De esta manera podemos decir que, al momento, se tienen ubicados 4 mil 233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal.
Dichos expedientes ya fueron entregados a los jueces competentes, al Consejo de la Judicatura, al Instituto de Defensoría Pública y a la Fiscalía General de la República, según corresponde a cada caso, por lo que confiamos en que serán resueltos gradualmente, para que las personas puedan obtener su libertad.
Lo que vamos a anunciar el día de hoy es sólo el principio de un proceso, cuyos avances estaremos viendo cada mes.
El día de ayer ya fueron publicados los lineamientos para la integración y funcionamiento del Comité Permanente, que será el encargado de dar seguimiento a las acciones para gestión de las solicitudes.
A julio de este año la población privada de la libertad en el país era de 220 mil 866 personas, de los cuales 16 mil 464 se ubican en centros federales, es decir, alrededor del 7.4 por ciento del total, en tanto que el resto se ubica en penales locales y está sujeto a proceso o cumpliendo sentencia por delitos del fuero común. Esto significa también que el 92.6 por ciento de los internos, entre los cuales, algunos podrían acceder a los beneficios, están, como dijimos, en el ámbito local.
El acuerdo señala que no podrán acceder al beneficio de la pre liberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa, los cuales, en su mayoría, son del fuero federal.
Por ello, además de las gestiones realizadas en materia federal estamos fortaleciendo el trabajo coordinado con los gobiernos de los estados a fin de que se realicen los trámites necesarios para hacer efectivo este beneficio, como lo señala el acuerdo. Ya entre ayer y hoy los gobiernos de los estados nos han hecho llegar ya su relación, gobierno de Chiapas y Gobierno de la Ciudad de México ya publicaron sus respectivos acuerdos para iniciar el trámite de pre liberación. El caso de Chiapas 180, en el caso de la Ciudad de México, 40 ya están sujetos a este beneficio
Hemos pedido al resto de los gobiernos en las entidades que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal.
Como resultado de esto les puedo comentar que con algunos gobiernos estatales ya hemos podido avanzar y al día de mañana se hará efectivo el otorgamiento de beneficios a 682 internos, en Baja California Sur con 10; Baja California con 63; Chiapas con 198; Ciudad de México con 40; Colima con 13; Durango con 100; Nayarit con 30; Oaxaca con 48; San Luis Potosí con 7; Sinaloa con 15; Tabasco con 12; Tlaxcala con 2; Veracruz con 50; Zacatecas con 57; así como 36 de penales federales.
De esta manera se abona a la consolidación de los instrumentos legales y al proceso de transformación impulsado por este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todo bajo una perspectiva humanista y de justicia.
Muchas gracias.
