La diputada Frine Soraya Córdova Morán (PRI), integrante de la Comisión de Desarrollo Social, impulsa reformas a la ley en la materia para establecer un candado contra la discriminación, dilación y postergación en la ejecución de los programas de desarrollo social, y prohibir su condicionamiento y utilización proselitista.
Refirió que durante varios años ha habido denuncias de los a€œmalos funcionarios que escamotean, limitan, dilatan o suspenden el otorgamiento de programas y acciones a los beneficiarios, en función de sus intereses en campañas y procesos electoralesa€.
Afirmó que con la utilización de los padrones de la Secretaría de Desarrollo Social en las 32 entidades federativas del país, a€œse ha amagado con que los programas desaparecerán si no se apoya a tal o cual partido, o se condiciona su entrega a los beneficiarios en la búsqueda de lucro proselitistaa€.
La legisladora recordó que para los procesos electorales federales y locales, la Cámara de Diputados y la de Senadores han conformado grupos de trabajo que vigilan el correcto otorgamiento de los programas públicos, en varias entidades del país, gobernadas por distintos institutos políticos.
Sin embargo, dijo, a€œla utilización de los programas públicos de desarrollo social para obtener un lucro partidista sigue siendo lamentable incitación para los malos servidores públicosa€.
Córdova Morán refirió que de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social, durante el 2012 el Programa Oportunidades alcanzó seis millones de beneficiarios; Liconsa atendió a nueve millones de personas; 65 y Más, a 2 millones 100 mil adultos mayores y Hábitat, a más de un millón.
Enfatizó que los beneficiados de los programas a€œson vistos como un botín electoral del que, ilegal o ilegítimamente, buscan apoderarse malos funcionarios, condicionando su entrega, amagando con su desaparición o retrasando los recursos que deben otorgar, en función de los calendarios electoralesa€.
Precisó que en la Ley General de Desarrollo Social aún no se ha establecido la prohibición del uso proselitista, condicionamiento, dilación en su entrega u otorgamiento selectivo de los programas y recursos públicos, en función de intereses electorales.
Por ello, consideró necesario reformar el artículo 2 de dicha ley para a€œimponer un candado expreso y claro de la prohibición del uso proselitista de los programas y recursos destinados para el desarrollo sociala€.
Asimismo, agregó, con este candado se darían más herramientas a estas y otras instancias, para inhibir y evitar el uso de los programas con fines personales, partidistas o electorales.