La Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México deberá instalarse el 1 de diciembre del año en cursoSerá una sala permanente, integrada por siete magistrados por un periodo de ocho años, entre los que se elegirá un presidente por un periodo de cuatro años. Además se contará con un secretario de acuerdos y un secretario proyectistaLa Sala será “un instrumento eficiente de control constitucional para la Ciudad de México”: Dip. Eduardo Santillán, presidente de la comisión de Administración y Procuración de JusticiaLa aprobación de este dictamen “no es un logro, sino una obligación del Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución local”: Dip. Jorge Gaviño (PRD)

Las comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia, y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias del Congreso capitalino aprobaron por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, instancia que deberá instalarse el 1 de diciembre del presente año.

El diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, consideró fundamental la aprobación de este dictamen, “que da claridad a la integración de la Sala Constitucional del Poder Judicial”, la cual por disposición constitucional deberá estar instalada para el primer día del mes de diciembre.

Del contenido de esta ley, el legislador de la fracción parlamentaria de MORENA destacó tres aspectos: permitir la instalación de esta instancia en la fecha prevista, desarrollar su operación conforme a las políticas de austeridad y permitir que su funcionamiento no implique ninguna reforma constitucional.

Detalló que ésta deberá ser una sala permanente, cuyos siete magistrados integrantes serán designados para un periodo de ocho años. Los magistrados que la integrarán podrán tener jurisdicción civil, penal, familiar o de adolescentes, y participarán simultáneamente en ambas responsabilidades, lo que permitirá que su funcionamiento no tenga un costo adicional.

Eduardo Santillán calificó la instalación de esta sala como un avance importante para la justicia constitucional en la capital, “como un instrumento eficiente de control constitucional para la Ciudad de México”.

Con respecto al dictamen, especificó que se recibieron 18 observaciones de las y los legisladores integrantes de ambas comisiones, principalmente a los artículos 2, 5, 7, 8, 9, 16, 34, 35, 36, 37, 40, 41 y 43.

El diputado Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, señaló que la aprobación de este dictamen no sería un logro, sino una obligación del Congreso, conforme a lo establecido en la Constitución local. Aunque se manifestó inconforme con la premura de los tiempos para su aprobación, estuvo de acuerdo con las características generales del mismo.

El diputado Jorge Triana Tena, del PAN, consideró a esta ley orgánica como “un exceso de legislación”, ya que las disposiciones que establece ya están marcadas en el artículo 36 de la Constitución de la Ciudad de México y en la Ley del Poder Judicial, pero se manifestó a favor del fondo de ésta.

La diputada Valentina Batres Guadarrama, de MORENA, propuso incluir un artículo séptimo transitorio que indique que en tanto entra en funciones la Fiscalía de la Ciudad de México, todas las menciones a ésta aplicarán a la Procuraduría General de Justicia capitalina.

El diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del PRI, sugirió que la sala cuente con un secretario general especializado en el tema, para coordinar los trabajos de esta institución.

A esta propuesta se adhirió la diputada Yuriri Ayala Zúñiga así como el diputado Ricardo Fuentes, ambos de MORENA, quien añadió la designación de un secretario proyectista especializado. El diputado Nazario Norberto Sánchez (MORENA) solicitó que las personas que laboren en ambas secretarías tengan experiencia judicial y que su designación sea para un periodo de cuatro años.

La diputada Paula Soto Maldonado (MORENA) propuso que toda la redacción del texto sea con un lenguaje incluyente.

El diputado Diego Garrido López (PAN) sugirió que se establezca jurisprudencia en las resoluciones de esta sala, para la protección de los derechos humanos de la población.

Al discutirse el rubro de control difuso -es decir que cualquier juez puede dejar de aplicar una norma cuando considere es contraria a una ley superior-, los legisladores Jorge Gaviño, Yuriri Ayala y Guillermo Lerdo se manifestaron en contra, y sugirieron que el control sea concentrado, lo que se aprobó por unanimidad en votación económica.

El dictamen con las modificaciones realizadas se aprobó por unanimidad, con 14 votos a favor de los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y 11 votos a favor de los legisladores de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias

Conforme a lo aprobado en esta sesión, se estableció que la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México tendrá un presidente, electo entre los siete magistrados que la integrarán, para un periodo de cuatro años, además de un secretario general de acuerdos y un secretario proyectista, designados también para un periodo de cuatro años.