Los diputados Federico Döring (PAN) y Fernando Aboitiz (PES) presentarán un punto de acuerdo en el Congreso local para exigir la verificación de la obra en términos de volumetría y solicitar la demolición de los metros de altura y volumen excedentes

Los diputados capitalinos Federico Döring Casar y Fernando Aboitiz Saro, acompañados por concejales de la alcaldía Miguel Hidalgo y vecinas de la colonia Polanco, alertaron sobre desorden inmobiliario en esta demarcación, particularmente en el predio ubicado en Lafontaine 110, donde se edifica en forma irregular un nuevo centro comercial.

“Esta obra nació en la ilegalidad en octubre de 2017. Nació ilegal y ha crecido ilegal”, señaló el diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del PAN, al referirse a la demolición de la obra existente y la posterior construcción de una obra nueva.

En conferencia de prensa, el legislador recordó que el pasado 15 de mayo, durante su comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México, el alcalde Víctor Hugo Romo Guerra aseguró que esta obra estaba detenida por diversas irregularidades.

“Hoy los vecinos tienen el reclamo justificado de que avanza más rápido la obra, que dijo Romo que no iba a existir, que la demolición que la ley le obligaba a supervisar, y su palabra hoy día no vale nada, porque ya se vencieron esos 30 días y la obra no está de nueva cuenta suspendida”, expresó.

El diputado Fernando Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, explicó que al realizarse una demolición se pierden los derechos adquiridos, por lo que conforme al uso de suelo de la zona, sólo podría ser comercial el primer piso de la obra, y los otros tres niveles deberían ser habitacionales.

“Es una violación gravísima, porque en vez de recuperar un uso de suelo que seguramente tenía mañas y trastupijes para haberse sacado desde el principio, pues ahora se va a hacer un impacto mayor, entonces tenemos que apoyar y entrarle con todo porque puede ser un buen ejemplo de cómo parar las cosas, en vez de que sea un ejemplo de cómo siempre se acaban saliendo con la suya”, afirmó.

Con esta postura coincidió Federico Döring, quien afirmó que al momento de efectuarse una demolición se perdieron los derechos adquiridos “legal o ilegalmente en este predio”, por lo que solicitó a la alcaldía hacer su trabajo para detener las irregularidades.

Al respecto, Aboitiz Saro sugirió la presentación de informes de avances de construcción en las obras que se realizan en la Ciudad de México por parte de las empresas constructoras, y que de identificarse falsedades o irregularidades se sancione penalmente a los responsables, como medida precautoria para evitar irregularidades en las construcciones inmobiliarias.

Ambos diputados adelantaron que mañana, martes 10 de septiembre, presentarán ante el pleno del Congreso capitalino un punto de acuerdo para exigir al Gobierno de la Ciudad de México la verificación de la obra en términos de volumetría, solicitar la demolición de los metros de altura y volumen excedentes, y a la alcaldía que actué al respecto.

María Ignacia Morán, coordinadora del comité vecinal Polanco Reforma, señaló que en 2017 les informaron que se remodelaría el centro comercial ubicado en este predio, pero lo que hicieron fue demoler la obra anterior y edificar una nueva construcción de cinco pisos, que excedió en un nivel los cuatro pisos permitidos por el programa parcial de desarrollo urbano, al cual exigió respeto.

Por su parte, María Teresa de la Rivas, vecina de Polanco, aseguró que esta obra solo es uno de los diversos casos de corrupción inmobiliaria en la demarcación, ante los cuales ha faltado voluntad de la alcaldía para buscar soluciones. “En Miguel Hidalgo, y Polanco en particular, la autoridad está rebasada”.

Ambas vecinas puntualizaron que las obras irregulares para la apertura de nuevos restaurantes, bares y antros afectan la calidad de vida en la zona y traen problemáticas relacionadas con inseguridad, venta de drogas y trata de personas. Las concejales Gabriela González Martínez y Thania Solís Vargas concordaron con los legisladores y las vecinas en que se han registrado diversos casos de corrupción inmobiliaria en Miguel Hidalgo, en los que las autoridades locales han sido omisas o se han visto rebasadas.