El presidente del Senado de la República, Martí Batres, presentó una iniciativa para ampliar los beneficios de las políticas sociales, reconocer y fortalecer derechos ciudadanos universales y restringir los márgenes de discrecionalidad que en esta materia puedan ocurrir en los niveles federal, local o municipal.

Se trata, explicó el legislador, de adicionar las fracciones I y II, y de recorrer el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social, para incorporar a este ordenamiento los principios de universalidad e igualdad.

De esta manera, la política de Desarrollo Social estará destinada para todos los habitantes de la República Mexicana y tendrá como propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales y a la mejora continua de sus condiciones de vida.

Con ello, se garantizan, entre otros, los derechos a la educación, a la salud, la cultura, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo, la seguridad social y a la trasformación de la calidad de vida para el conjunto de los habitantes.

Martí Batres dijo que el principio de igualdad constituye el objetivo principal del desarrollo social y se expresa en la mejora progresiva de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los bienes públicos, en la capacidad de incidencia en las decisiones públicas y el abatimiento de las grandes desigualdades entre personas, familias, grupos sociales y ámbitos territoriales. 

Ante el Pleno del Senado de la República, el Senador refirió que al comenzar este Siglo “hemos sido testigos de la emergencia de nuevos actores y sujetos sociales, que plantean retomar en México y en muchos lugares del mundo una política social con una perspectiva de derechos, pero ahora con el enfoque de ciudadanía”.

Esto, agregó, llevó a postular la universalidad como un principio de las políticas sociales en diversos lugares”.

Particularmente en la Ciudad de México, agregó, se creó la pensión ciudadana de adultos mayores, que constituyó un punto de referencia para superar los esquemas de las políticas de transferencias focalizadas y condicionadas, típicas del periodo neoliberal, e inaugurar una era de políticas públicas universales, ciudadanas y sin condicionamientos.

La iniciativa, que recibió el respaldo de senadores de diversas fracciones parlamentarias, se turnó a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos.