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La propuesta es en el sentido de rectificar la ley en la materia, aprobada el pasado mes de abril.
“Al reubicar a la gente, se tiene una carga para el Estado y se entorpece la labor de los juzgadores por el probable daño material”: diputado Jorge Gaviño.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Jorge Gaviño Ambriz, propuso este jueves derogar el artículo 60 de la Ley Constitucional de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, el cual -actualmente- indica que para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos de inmuebles violen el derecho a una vivienda adecuada, éstos podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales.
El legislador propone también que antes de realizarse un desalojo, las personas que ocupen el inmueble tienen el derecho a no ser discriminadas, por lo que deben estudiarse las posibilidades para evitar la necesidad de recurrir a la fuerza.
Gaviño Ambriz recordó que en el mes de abril de 2019 se aprobaron reformas a la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, con el objetivo de enmendar este tema tan grave para el sistema juzgador de la ciudad.
Sin embargo -indicó- “esta situación ha tenido repercusiones graves en los procesos y sentencias vinculados a este tipo de actos, colocando a las personas juzgadoras en una situación de impedimento material para llevar a conclusión muchos litigios. Esa modificación tampoco resolvió de tajo la situación en que se colocó a los juzgadores”.
Advirtió: “Se tiene una carga para el Estado al reubicar a la gente, y entorpece la labor de los juzgadores por el probable daño material. Sabemos el fardo que ha representado esta ley desde su precipitada aprobación”.
En la presentación de la iniciativa, Gaviño Ambriz recordó que la diputada del PAN, Margarita Saldaña, presentó una iniciativa “para tratar de resolver la problemática”.
“Tenemos varios caminos para resolver el problema, el más corto que es que dictamináramos la iniciativa de la diputada Saldaña y subirla mañana viernes o en su caso en una sesión extraordinaria; el segundo es aceptar la derogación del artículo 60, que nos llevaría más días”; el tercer camino es por la vía constitucional, dijo.
Indicó que la conveniencia sería llegar al consenso entre los grupos parlamentarios y citar a reunión de trabajo urgente a las comisiones unidas correspondientes, con el propósito de dictaminar la iniciativa presentada por la legisladora panista “y resolver de inmediato este problema jurídico que tenemos”.
