Diputado Jesús Zambrano pide publicar decreto en el Diario Oficial de la Federación


Este ordenamiento se aplicará a partir del 29 de abril en Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz


El 14 de junio, en Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas y en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional


El Congreso de la Unión emitió la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales en 8 entidades del país, en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional.

El instrumento legal contiene elementos para combatir la corrupción, la opacidad y abatir la injusticia en el sistema penal vigente.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, expresó: “El Congreso de la Unión declara la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del 29 de abril, en los estados de Campeche, Michoacán, Sonora y Veracruz”.

“Y a partir del 14 de junio, en las entidades de Baja California, Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, así como en el archipiélago de las Islas Marías y en el resto del territorio nacional, a que se refieren los artículos 42 y 48 constitucionales. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación”.

La declaratoria tuvo lugar, luego de que el Senado de la República informara a la Cámara de Diputados que en su sesión del pasado 17 de febrero hizo la declaratoria correspondiente, luego de dar a conocer los oficios suscritos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del secretario de Gobernación y de la procuradora general de la República, en los que solicitan al Congreso de la Unión la emisión de las declaratorias.

Con ello se cumplió el primer párrafo del artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El instrumento legal busca enmendar las fallas, la impunidad y sus consecuencias que enfrenta el actual sistema, y unificar procedimientos a nivel nacional, como establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014.

El propósito es cumplir con el mandato constitucional estipulado en la reforma penal de 2008 y transitar de un sistema de justicia inquisitorio a un modelo de corte acusatorio adversarial.

Se establecen nuevas normas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos por parte de los órganos jurisdiccionales locales y federales, tales como la regulación de juicios orales que se llevarán a cabo en audiencias públicas para que las partes en conflicto y público en general, puedan presenciarlas.