Tras cuatro horas de discusión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el fin del fuero de los servidores públicos, sin que haya contrapesos legislativos que determinen si procede o no la eliminación de la inmunidad procesal del presidente de la República, el Jefe de Gobierno capitalino y los gobernadores sentenciados por delitos federales.

La propuesta inicial determinaba que para el retiro de la inmunidad (conocida como fuero) y el cese de funciones del Primer Mandatario sentenciado por delitos federales se requería de la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de los presentes de la Cámara de Diputados y, después, de dos tercios de los presentes en el Senado.

El fin de la inmunidad procedería en automático en el caso de sentencia por la comisión de delitos graves, electorales y por hechos de corrupción.

En el caso de los gobernadores y el jefe de Gobierno, sería la mayoría absoluta del Senado la que determinaría la procedencia o no del fuero.

El PAN y el PRI propusieron la eliminación de los candados legislativos para que ni el presidente ni los mandatarios locales tengan trato especial, lo que aceptó Morena sin cortapisas, aunque alertó del posible uso político de las acusaciones penales y hasta generación de violencia.

Los candados legislativos se quitaron, así que funcionarios como el presidente de la República, legisladores, ministros de la Suprema Corte, el Fiscal General de la República, los consejeros del INE y los gobernadores, entre otros, sigan gozando de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra.

El dictamen de la reforma constitucional fue turnado al Pleno de la Cámara de Diputados y precisa que “el auto de vinculación a proceso puede ser recurrido directamente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.