El diputado Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez (PAN) propone un exhorto al Ejecutivo federal para que a partir de enero de 2016 permita la libre importación de gas LP, a fin de disminuir su precio a los consumidores, ya que su costo en el país es 356 por ciento más elevado que el del extranjero.

Asimismo, plantea diseñar e implementar un Programa de Apoyos Focalizados a los consumidores de este producto para proteger a la población más marginada del país, a efecto de cumplir lo que mandata la Ley de Hidrocarburos.

El secretario de la Comisión de Economía e integrante de la de Energía, indicó que Petróleos Mexicanos (Pemex) importa el gas LP que no puede producir, principalmente de Estados Unidos, lo que equivale a 30 por ciento de la demanda nacional.

La paraestatal, dijo, puede importar este producto a menos de 4 pesos por kilogramo, mientras que el gobierno ha definido el precio al público en 14.25 pesos por kilo, lo que se traduce para las familias mexicanas en un desembolso de 142 pesos por un cilindro de 10 kilos, y de 285, por uno de 20 kilos, “siendo que los ingresos promedio se encuentran severamente limitados”, enfatizó.

Pemex, explicó, define el precio de primera venta o de primera mano en sus centros procesadores en por lo menos el doble del precio de gas de importación. El costo al distribuidor de gas LP es de 10.98 pesos por kilo, mientras que el precio del kilo de gas de origen estadounidense es de 3.48 pesos, más el flete marítimo o terrestre de importación de 50 centavos, lo ubica en México a 4 pesos por kilogramo.

Olivas Gutiérrez señaló que el elevado costo del gas LP no permite aspirar a mayor competitividad y llegar a mejores mercados, lo que se refleja en la poca generación de empleos y el escaso crecimiento económico, aunado a que este producto es de gran utilidad en los hogares y es considerado el principal insumo de la microindustria.

El mercado de gas LP se ha distorsionado, explicó, cuando la Reforma Energética, aprobada en la pasada legislatura, considera que el aprovechamiento de los recursos energéticos debe ser en favor de mayor inversión y generación de empleos, a partir de iniciativas que promuevan el abasto de energía en cantidades suficientes y a costos competitivos.

“La Ley de Hidrocarburos no puede ser letra muerta o retardar su aplicación; esto conllevaría a más deterioro de la ya precaria economía, por lo que urge lograr un mercado competitivo”, añadió.