Empresas que no cuenten con la certificación les será revocada su operación.  
 

Las empresas de seguridad privada no deben ser refugio de policías con antecedentes penales, adicciones, sanciones o que no estén capacitados para el trabajo, por lo que sus miembros deben ser sujetos a controles de certificación de confianza, propuso el senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Planteó que estarán bajo control aquellas empresas que prestan sus servicios en dos o más entidades y deberán ser avalados por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, mismo que certifica a las entidades.

Los cambios que se proponen en la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, obligan a que los estados establezcan en su legislación que las empresas de seguridad privada se apeguen a las leyes locales.

Las empresas que presten sus servicios en dos o más entidades podrán obtener su registro o revalidación sólo si cuentan con el personal aprobado en dichas certificaciones emitidas por instancias públicas o privadas, que sean validadas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

Tendrán un plazo de un año a partir de la entrada en vigor del decreto para que todas las empresas cuenten con el personal certificado y acreditado en control, en caso contrario se harán acreedores a la revocación de su autorización.

El proyecto de decreto se turnó a las comisiones unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera.

---000---