La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero advirtió que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, esto al ofrecer una disculpa pública, en nombre del Estado mexicano, a Lydia Cacho Ribeiro.

Con esto se inicia el cumplimiento a una resolución del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitida en julio pasado, respecto a los hechos ocurridos en diciembre de 2005, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, perpetrados por distintas autoridades gubernamentales en perjuicio de la periodista, detenida de manera arbitraria y sometida a múltiples abusos.

Sánchez Cordero lamentó que durante 2018 México fue el país con más periodistas asesinados.

Por ello, indicó, este acto representa el inicio de una política de Estado comprometida con quien se dedica a informar. “Es un momento adecuado para reflexionar sobre el valor que para la democracia y la Cuarta Transformación representa la libertad de expresión. Nunca más en esta Secretaría de Gobernación la censura ha de tener cabida”, dijo.

A 13 años de este lamentable suceso, estamos aquí siendo consecuentes como gobierno con nuestra historia, con las omisiones y errores del pasado.

Este gobierno, agregó, protegerá a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia.

A la ceremonia acudieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como Juan Ramón de la Fuente, representante de nuestro país ante la ONU, quien destacó la importancia de la disculpa pública, muestra de que en adelante los derechos humanos en el país serán tratados de modo distinto, señaló.

En primera fila asistió, como invitado especial, el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. El ingeniero dijo que con la disculpa pública se hace justicia y el Estado mexicano reconoce que actos como éste no pueden repetirse y habrá de sancionarse a todos los responsables.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció “el fin de la simulación” para enfrentar la crisis humanitaria y de los derechos humanos que enfrenta el país.

“Asumimos la responsabilidad del Estado sobre hechos ocurridos hace poco más de 13 años. El país ha cambiado…”, dijo.

Detalló los pasos pendientes en el expediente a fin de reparar el daño, pero sobre todo procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a las personas halladas responsables y adoptar medidas de no repetición.

Cacho Ribeiro fue aprehendida de forma arbitraria en diciembre de 2015 tras la publicación del libro Los demonios del edén, en el que describe una red de prostitución infantil.