El Presidente Enrique Peña Nieto, instruyó a la PGR a presentarlas ante la SCJN para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de Quintana Roo y Veracruz; para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Debido a que recientemente los congresos estatales de ambos estados aprobaron reformas que se oponen a los lineamientos generales del SNA.

“Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de Gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Esto es lo que demanda la sociedad mexicana. Ni más, ni menos”, Salvador Sandoval Silva, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.

Objeto de la impugnación en el estado de Veracruz

a) Facultad del Congreso a designar al titular de la Contraloría General del Estado, así como a expedir la legislación local en materia anticorrupción, estableciendo el Sistema Local Anticorrupción.

b) Creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en el seno de la Fiscalía General local, estableciendo que dicho funcionario será nombrado por las dos terceras partes del Congreso local.

c) Eliminación del fuero constitucional al Gobernador del Estado.

d) La regulación a la entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública.

e) Creación en el seno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de una sala especializada en materia anticorrupción cuyos magistrados serán propuestos por el Gobernador del Estado.

Objeto de la impugnación en el estado de Quintana Roo

a) Facultad al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas.

b) La facultad del Gobernador del Estado para nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.

La reforma constitucional de mayo de 2015, previó además dos cuestiones fundamentales:

Primero, que los Estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten al Sistema Nacional.

Segundo, que hasta que eso ocurra, las leyes de responsabilidad administrativa y de fiscalización de las entidades federativas, continuarán en vigor.

“En la lucha contra la corrupción no puede haber excepciones; esto es lo que los ciudadanos demandan y lo que las instituciones del Estado mexicano están obligadas a cumplir y hacer cumplir”, Eduardo Sánchez, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia y Vocero del Gobierno de la República.