El diputado Francisco Escobedo Villegas (PRI), secretario de la Comisión de Seguridad Pública, propuso modificar la Ley General de Víctimas a fin de proteger y resguardar la identidad de éstas y evitar una revictimización.

Expuso que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2015, efectuada por el INEGI, en 2014 se registró un total de 22.8 millones de agresiones a personas mayores de 18 años y a nivel nacional se registraron 99 mil 747 secuestros.

En su iniciativa, publicada en la Gaceta Parlamentaria, el legislador señala que se deben omitir en actas, autos, sentencias, resoluciones o cualesquier tipo de acto jurídico, todos los datos personales que pudieran servir para identificar a la víctima por parte de su agresor.

La propuesta es anexar la fracción XIV al artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a efecto de establecer el derecho de la persona a proteger y resguardar su identidad en delitos o acciones que puedan ocasionar una revictimización.

Actualmente, dijo, la ley considera garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas y determina su protección por parte del Estado; sin embargo, aclaró, “no hay, de manera explícita, ordenamiento alguno que cubra los derechos de las personas a evitar que puedan ser revictimizadas, sobre todo, en el proceso penal”.

Escobedo Villegas señaló que a partir de la reforma en materia de justicia penal de 2008, se estableció en el artículo 21 constitucional que la seguridad pública es una labor que comprende desde la prevención de los delitos hasta su investigación, persecución y sanción.

“Dicho numeral determina que la actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, además de que establece que las instituciones encargadas formularán políticas públicas tendentes a prevenir la delincuencia”, detalló.

Refiere que la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, instituye, dentro de sus principales objetivos, las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que las autoridades cumplan sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.

Sin embargo, comentó que, en los hechos, las víctimas de un delito están expuestas a represalias por parte de sus agresores.