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Integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzaron a crear un frente común para delinearla estrategia de defensa contra las iniciativas de reforma presentadas por Morena, por considerarlas un riesgo a la independencia judicial en caso de promulgarse, para lo cual realizan cabildeo en varios estados del país y con organismos internacionales.
Jueces y magistrados hicieron público su extrañamiento al Poder Legislativo por la ausencia de diálogo para la discusión de las iniciativas, entre otras, buscan someterlos a controles como el polígrafo, rotarlos cada seis años y reducir sus salarios.
Todo comenzó cuando coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, anunció una iniciativa que busca ejercer control en el proceso de designación de juzgadores, en aras de acabar con los casos de nepotismo y “amiguismo” que han sido denunciados.
Es por ello, que el pasado 18 de octubre, el magistrado Ricardo Rivas Pérez, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, convocó a una reunión informativa con un despacho especializado en litigios ante instancias internacionales.
Se trató del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (liresodh) que luego de la reunión del 20 de octubre reconoció que las iniciativas de Morena en el Senado pueden justificarse en nobles intereses de bien común, pero ponen en riesgo el contrapeso que debe ejercer el PJF y podrían terminar socavando sus cimientos.
El 23 de octubre, Monreal presentó una iniciativa de reforma constitucional, en la que establece reducir los salarios de los integrantes del PJF y controlar el funcionamiento y designación de los titulares en los Poderes Judiciales locales.
De promulgarse e incluir la reducción salarial a jueces, magistrados, consejeros y ministros, se convertiría en una ley anticonstitucional.
Lo anterior, debido a que el artículo 94 constitucional establece que los salarios de jueces de Distrito, magistrados de Circuito, Consejeros de la Judicatura Federal y ministros de la Corte no podrán ser disminuidos durante su encargo.
