Debido a que la desaparecida Dirección General de Transporte del Gobierno del Estado no cumplió una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la secretaria de Movilidad, Gisela Méndez, compareció ante el Congreso del Estado.

La funcionaria narró que el ciudadano Alonso Jacob Salcedo Gutiérrez, compró en 2007 un vehículo del que realizó el trámite de alta en la DGT, vehículo modelo 1997 del que se pagaron de 2008 a 2012 las respectivas calcomanías fiscales.

El 31 de mayo de 2012, Salcedo Gutiérrez solicitó a la DGT realizar el cambio de propietario a nombre de su padre, como parte de ese trámite se realizó la consulta en el Registro Público Vehicular, donde resultó que el vehículo presentaba un reporte de robo proveniente del estado de Baja California, motivo por el cual se aseguró el vehículo.

Ante ello, el propietario del vehículo recurrió a la CDHE, previo a haber acudido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que falló a favor de la DGT ante la solicitud de indemnización económica, y a un juzgado de distrito, que le concedió un amparo.

Ese amparo ordenaba al TCA la emisión de una nueva resolución, en la que señalara a la DGT que debía respetar el derecho de audiencia previo al desposeimiento del vehículo, lo que no modificaba las consideraciones de fondo para haber determinado que no eran procedentes las pretensiones reclamadas originalmente en el juicio de nulidad.

El Tribunal de lo Contencioso emitió nueva resolución, en la que precisó que se respete el derecho de audiencia, previo al desposeimiento del vehículo, sin considerase la obligación de indemnizar por daños, por una excepción que prevé el artículo 4 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Gisela Méndez explicó que la denuncia de robo se hizo el 13 de febrero de 2007, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; sin embargo, no existía reporte de robo de ese vehículo, puesto que la PGJE bajacaliforniana dio de alta el ilícito en el Registro Público Vehicular hasta el 03 de abril de 2011.

La funcionaria indicó que de las cuatro recomendaciones hechas por Derechos Humanos a Armando González Manzo, ex titular de la DGT, se cumplieron tres: la capacitación al personal de la Secretaría en el tema de derechos humanos, las revisiones periódicas del Repuve y la colaboración con la CDHE para atender los casos como el que motivó la queja.

Dijo que la única recomendación no cumplida fue la de resarcir el daño económico por pérdida del vehículo, ya que antes de 2009 no existía la obligatoriedad de consulta de base de datos del Registro Público Vehicular, en la que se encuentra contenida la información del Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados que opera el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.

Finalmente, indicó que fue hasta 2009 cuando el Estado de Colima suscribió el Convenio de Coordinación y Colaboración en Materia de Seguridad Pública con el Sistema Nacional de Información Sobre Seguridad Pública, mediante el cual se obliga la consulta a la base de datos del Repuve, pero el reporte de robo se detectó hasta la realización del movimiento vehicular de cambio de propietario.