- Se han registrado avances significativos para devolver la tranquilidad a las familias que viven en ese estado: Miguel Ángel Chico Herrera.

- Las cosas en Michoacán están muy lejos de mejorar, considera Pilar Ortega Martínez.

En la reunión de trabajo de la Primera Comisión de la Permanente con el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, senadores del PRI y PAN expresaron sus puntos de vista sobre la situación que enfrenta esa entidad.

En el encuentro, el senador Miguel Ángel Chico Herrera aseguró que a un año de la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán se han registrado avances significativos en las tareas de coordinar todos los esfuerzos del gobierno federal, en colaboración con las autoridades locales, para devolver la tranquilidad a las familias que viven en ese estado.

Se trabaja, agregó el legislador del Partido Revolucionario Institucional, en la reconstrucción del tejido social en esta entidad federativa.

Aclaró que la actuación del comisionado se apega a la Constitución de la República y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El comisionado, dijo, no suple a las autoridades locales sino que realiza reuniones de coordinación con las autoridades federales y locales; además, ha respetado puntualmente la soberanía del estado y la esfera de competencia de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los ayuntamientos de la entidad.

Su compañero de bancada, Patricio Martínez García, reiteró que en Michoacán lo que se requiere es conciliación y desde los estados de República todos estamos dispuestos a aportar lo que sea necesario “para sacar adelante al hermano que está en problemas”.

En su turno, la senadora Pilar Ortega Martínez, de Acción Nacional, consideró que a un año de la designación de Castillo Cervantes “las cosas en Michoacán están muy lejos de mejorar, sigue siendo un estado agraviado y lastimado por el crimen y la violencia”.

En este sentido, se refirió al repunte de la violencia en las últimas semanas y cuestionó si existe una estrategia para prevenir y evitar casos como los sucedidos recientemente en La Ruana y Apatzingán, así como los protocolos de la policía para hacer frente a provocaciones, ataques del crimen organizado o grupos radicales que pudieran exponer la vida de civiles inocentes y de los propios policías.

La legisladora también preguntó si se cuenta con información de los antecedentes penales o no penales de quienes conforman las fuerzas rurales: ¿quiénes evalúan el desempeño de los policías rurales, cuál es el estado que guarda el sistema penitenciario en la entidad, cómo se asegura la protección de los derechos humanos y cómo se vigila su cumplimiento?

Expresó que en un Estado democrático de derecho no puede haber una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana sin el pleno respeto a los derechos humanos, por eso resultan preocupantes las denuncias en las que se señala el caso de dos mujeres internas en la sección varonil del penal Francisco J. Mújica, de Morelia.

En la reunión, que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Castillo Cervantes explicó que no se tiene una confrontación entre el crimen organizado y civiles sino que existe una gran división interna en las autodefensas genuinas, que ha llevado a la luchas por cuestiones territoriales.

Sobre el sistema penitenciario indicó que se tienen más de ocho mil 800 personas que han ingresado a prisión, pero no se ha tenido la misma celeridad para formar “cuadros de custodios”, que tienen una formación y capacitación distinta a la que deben de tener los granaderos, las fuerzas del orden, militares o grupos de intervención.