- Alejandro Tello Cristerna sugiere modificar el artículo 8 de la Carta Magna

- Se deberán atender asuntos bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y eficacia, entre otros.

El senador priista Alejandro Tello Cristerna propuso incluir en la Constitución que toda persona tenga derecho a que funcionarios y empleados públicos traten sus peticiones y asuntos bajo principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, objetividad, ética, cortesía, simplicidad, congruencia, exhaustividad, publicidad y proporcionalidad.

El legislador explicó que su iniciativa busca modificar el artículo octavo constitucional, con el objetivo de que los ciudadanos dejen de ser sujetos inertes, simples receptores de bienes y servicios públicos para transformarlos en protagonistas principales de los asuntos de interés general.

Además, agregó, la propuesta dispone de una serie de derechos que definen el estatuto de la persona en su relación con las autoridades, promueve la dignidad humana y el respeto a la pluralidad cultural. No se trata pues, de una simple remodelación semántica o sintáctica de las palabras, sino de la expresión de un nuevo modelo de convivencia humana, precisó.

Desde la tribuna señaló que es innegable que para hacer efectivo el goce de los derechos humanos resulta fundamental una administración pública de calidad, que obligue a los servidores públicos y concesionarios a servir a los gobernados con objetividad, eficacia, ética y buenos modales.

Refirió que se produce una mala administración cuando un funcionario o empleado público no actúa de conformidad con las normas legales y principios morales a los que debería obligatoriamente atenerse.

La mala administración --subrayó-- puede suponer corrupción, cuando una persona que ostenta un cargo o cumple una función determinada viola un deber propio de tal cargo o función con la expectativa de obtener un beneficio indebido

Es por ello que consideró necesario integrar al orden constitucional el “derecho humano a una administración pública de calidad” que permita hacer frente a la complejidad y dinamismo de la atención que brindan los aparatos gubernamentales.

Nuestro sistema jurídico necesita perfeccionar los mecanismos de comunicación entre la administración pública y los gobernados, además requiere maximizar el derecho de respuesta para que sea capaz de asegurar la correcta actuación de los órganos y servidores públicos.

La iniciativa se envió a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda.