Plantea que esta figura se pierda cuando se comprueben casos de violencia hacia los menores.
También para aquellos padres que no cumplan con la obligación alimentaria o por abandono.
La senadora Lorena Cuéllar Cisneros, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso reformar el Código Civil Federal, a fin de establecer que la patria potestad se pierda por resolución judicial cuando se comprueben casos de violencia familiar que atente contra la integridad física o emocional del menor.

Del mismo modo, planteó que se retire la patria potestad por el abandono del menor durante más de tres o cuando se incumpla con la obligación alimentaria por más de 60 días sin causa justificada.

La legisladora destacó la importancia de actualizar esta figura jurídica para adaptarla a la realidad social que vive el país, ya que lo que se estipula es un vínculo de derechos y obligaciones recíprocas, pero no implica acciones concretas para las personas que incumplen con sus deberes.

“Tenemos a muchos padres que gozan de total impunidad, incluso, son capaces de exigir derechos que no les corresponden, permitiendo que existan progenitores que muy fácilmente abandonen a sus hijos y puedan seguir teniendo nexos con ellos; es decir, se gestan las condiciones idóneas para tener adultos irresponsables con sus propios descendientes”, apuntó.

Por ello, subrayó es fundamental que exista un articulado legal que impida el abandono de los menores o incluso, la violación a sus derechos fundamentales.

La legisladora opinó que la limitación de la patria potestad responde a la necesidad de velar por que los menores puedan ejercitar sus derechos humanos, entre los que se encuentran los económicos, académicos y de desarrollo.

Mencionó que de aprobarse esta iniciativa se protegería a alrededor de 40 millones de niños que están o pueden estar en situación de abandono donde sus progenitores no los reconocen como sus hijos, realizan sus deberes de forma incompleta, o los eluden, sin que haya alguna repercusión.

Recordó que México ha aceptado lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño y ha reconocido, firmado y ratificado documentos tanto nacionales como internacionales que consagran los derechos fundamentales de los menores.

La iniciativa se envió a las comisiones de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos.