Las reformas recientes a la Administración Pública Federal redistribuyeron las facultades de gobernación y seguridad pública y el escrutinio público demandará resultados.

Legisladores afines al gobierno consideran que nuevo diseño institucional contribuirá a atender problemas urgentes; opositores critican centralismo y vulneración del pacto federal.

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), aprobadas por el Congreso de la Unión durante el mes de noviembre, serán objeto de un escrutinio público permanente que exigirá resultados inmediatos en materia de inseguridad, combate a la corrupción y lucha contra la pobreza, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “La nueva LOAPF y cómo redistribuye las facultades de gobernación y seguridad pública”, detalla que desde 1976, la LOAPF ha sido modificada en 60 ocasiones, y que la más reciente reforma afectó a casi todas las Secretarías de la Administración Pública Federal (APF), excepto a las de Defensa, Marina, Comunicaciones y Transportes, y Turismo.

La investigación citada refiere que la nueva reforma implica la reorganización de la APF con la idea de que esto resulte en una mejor conducción de los asuntos públicos con base en las diversas propuestas planteadas por el nuevo gobierno.

Dentro de los principales cambios de esta reforma, destaca el IBD, se encuentra la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con atribuciones que anteriormente tenía Gobernación: seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia y protección civil.

El IBD explica que el artículo 27 de la Ley da cuenta de las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, las fracciones en donde se encuentran contenidas se redujeron de 45 a 27; sigue siendo la responsable de la política interior y de la coordinación de las demás dependencias de la APF.

Por otro lado, el IBD identifica a algunas voces que han criticado la celeridad con la que se dio la reforma, el centralismo en temas como comunicación social, compras gubernamentales, y operación de programas sociales, así como una posible afectación al pacto federal con la creación de las Delegaciones de Programas para el Desarrollo.

Además, el documento del Instituto subraya que la reforma dejó fuera las propuestas legislativas en materia de género tales como la incorporación del principio de paridad en las Secretarías de Estado y el otorgamiento de nuevas facultades a la Secretaría de Gobernación en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, entre ellas la creación de una Comisión Nacional específica para tal fin.

La investigación del IBD puede consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4248