El senador panista Ernesto Ruffo Appel solicitó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que informe cuáles son los criterios y reglas a partir de los cuales emitirá las “disposiciones” para el ejercicio de los recursos de todos los fondos que se incluyen dentro del Ramo General 23 del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014, así como las que haya emitido para fondos similares de los ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012 y 2013.

Además, pidió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un informe sobre cuáles fueron los criterios y reglas en los que se basaron para la asignación de los fondos de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; Fondo de Cultura; Fondo para Ampliación de Proyectos de Desarrollo Regional, y todos los demás incluidos en el anexos 19; 19.1; 19.2; 19.3; 19.4 y 19.5 del Decreto de Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2014, así como los criterios bajo los cuales emitirá la opinión y proyectos que deberá remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el próximo 20 de enero de 2014, conforme al artículo 4, fracción III del Decreto en cita.

Asimismo, el legislador por Baja California pidió a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación instruir al órgano fiscalizador federal para que en su programa de auditorías 2014, incluya auditorías específicas a los Fondos del Ramo General 23, previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2013 y haga lo propio para el próximo año, para auditar los Fondos del Ramo General 23 del Proyecto de Egresos 2014, muy en especial de los Fondos de Pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa; Fondo de Cultura; Fondo para Ampliación de Proyectos de Desarrollo Regional.

Ruffo Appel recordó que el Ramo General 23 del Proyecto de Presupuesto de Egresos tiene como función principal el garantizar el equilibrio de las finanzas públicas y el mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los programas presupuestarios a cargo de las dependencias y entidades.

En este sentido, el senador bajacaliforniano denunció que existen diversas irregularidades en la asignación de los fondos, tales como que se crearon diversos fondos dentro de este ramo, destacando 7 mil millones de pesos para los daños causados por las lluvias en Guerrero; 5 mil millones para implementar el Sistema de Justicia Penal en los Estados; 3 mil millones para el Fondo de Capitalidad del DF; 2 mil 728.5 millones para un Fondo de Cultura que anteriormente se asignaba vía el Consejo Nacional de Cultura; 3, 211.6 millones para el Fondo de Infraestructura Deportiva, que anteriormente se asignaba a la Secretaría de Educación Pública y 3 mil millones para un Fondo de Fronteras que sabemos se aprobó a petición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, como paliativo ante los devastadores efectos que tendrá el incremento de la tasa del IVA en 5 puntos porcentuales en la región fronteriza.

Por ejemplo, en el estado de Aguascalientes el municipio de Calvillo recibe el doble de recursos que la capital del estado (7 millones contra 3.5 millones), a pesar de ser un municipio de apenas 57 mil habitantes, el 6.8 por ciento de la población del municipio de Aguascalientes.

En Baja California el municipio de Playas de Rosarito recibe prácticamente la misma cantidad (9.99 millones) que Mexicali (13.5 millones) y Ensenada (10 millones), a pesar de que su población es apenas el 20 por ciento de la de Ensenada y el 10% de la de Mexicali, ejemplificó.

En Campeche, agregó, el municipio que más recursos recibe es Champotón, con 11.35 millones, a pesar de que es apenas de un tercio del tamaño de municipios como Campeche y Ciudad del Carmen.

En Chiapas destaca la asignación para el municipio de Bochil por 15.7 millones, casi equiparable a la de Tuxtla Gutiérrez (19.4 millones), cuando su población es de apenas el 7 por ciento de la de Tuxtla (553 mil contra 30 mil habitantes). Otros municipios importantes como Tapachula y San Cristóbal recibieron 3.3 y 4 millones respectivamente, apenas el 25 por ciento que Bochil.

Por lo anterior, “es indispensable consultar a la Colegisladora, a través de la Comisión de Presupuesto, en qué se basó para hacer las asignaciones a la que nos hemos referido, pero además, preguntar cuáles serán los criterios bajo los cuales emitirán su opinión y lista de proyectos para que la Secretaría de Hacienda pueda emitir las disposiciones el 31 de enero y, entonces, tengan los municipios acceso a los recursos”.

“No podemos quedarnos como simples espectadores ante las inconsistencias detectadas en el Presupuesto de Egresos. Tenemos que pedir a las instancias involucradas en su programación, ejercicio y revisión que nos informen cómo decidieron hacer la distribución de los recursos, pero además, cuáles son los criterios objetivos para asignarlos”, aseguró.

Por eso, señaló Ruffo Appel, y debido a que algunos de los Fondos del Ramo 23, no cuentan con determinaciones claras para su distribución, debemos pedir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que informen cuáles son los criterios adoptados para la distribución de los recursos del ramo 23, pero en aquellos donde no se haya hecho distribución, nos digan cómo se asignarán.