Se sabe que en dos asuntos hay condenas para el Estado Mexicano, a través de la Sedatu, en uno por 851 millones de pesos y en otro por el pago sujeto a determinación del valor de 3,000 hectáreas.

El Senado de la República solicitará al pleno del Tribunal Superior Agrario un informe sobre las sentencias emitidas en seis juicios agrarios para los estados de Oaxaca y Veracruz, que además incluya su estado procesal y se precise si se han cubierto los montos de dichas condenas, así como la relación de juicios agrarios en los que se haya determinado una condena a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), precisando los montos y superficies que comprenden y su estado procesal.

El senador Armando Guadiana Tijerina, a nombre propio y del senador Ricardo Monreal Ávila, ambos del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó al Pleno un punto de acuerdo, por la que solicita información sobre los juicios agrarios con condenas al Gobierno de la República en numerario o a cubrir el valor por determinada superficie.

Guadiana Tijerina argumentó que el artículo 6 constitucional, en su inciso A, número I, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, entre otros, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

Agregó que para la interpretación de esta disposición rige el principio de máxima publicidad, en armonía con la protección de los datos personales y las excepciones reguladas.

El artículo 17 Constitucional, comentó, establece el derecho humano a la tutela jurisdiccional, a fin de garantizar el acceso a una justicia imparcial respecto de las partes, independiente de los poderes públicos, completa y gratuita, señaló al exponer que, de igual manera, .el artículo 27 constitucional establece que la justicia en materia agraria debe ser pronta y honesta para garantizar la seguridad jurídica de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad.

También, de conformidad con el artículo 109 constitucional, justificó, los servidores públicos deben actuar en el ejercicio de sus funciones, conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

Expuso que con base a la austeridad a que están obligados los poderes públicos, incluye una adecuada defensa del interés de la nación y el estricto apego a derecho de las partes que intervienen en procesos jurisdiccionales.

El senador Guadiana Tijerina señaló que en una búsqueda preliminar se han identificado sentencias recientes de los tribunales agrarios en las que se han determinado condenas de pago de compensaciones o indemnización a la SEDATU, por cantidades que requieren ser consideradas en la planeación de las finanzas públicas, considerando que pueden constituir un pasivo que recibirá la próxima administración que iniciará el 1 de diciembre de 2018.

En esa búsqueda preliminar, refirió, se identificaron los siguientes asuntos agrarios: Uno en el Rancho Faisán, en el municipio de Tuxtepec, estado de Oaxaca; otro en Santa María Jacatepec, en Oaxaca; uno en Emiliano Zapata, municipio de Tuxtepec, Oaxaca; otro en San Andrés Tuxtla, estado de Veracruz; uno más en Estación Mogoñe, municipio de Tuxtepec, Oaxaca; y otro caso en San Juan Guichicovi, en el estado de Oaxaca.

De esa información, precisó, también se desprende que, en solo dos asuntos hay condenas para el Estado Mexicano, a través de la SEDATU, en uno por un monto de 851 millones de pesos y en el segundo por el pago sujeto a determinación del valor de 3,000 hectáreas.

La propuesta de los senadores de Morena, fue turnada para estudio y dictamen a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).