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Diputadas y diputados destacan la importancia de la ciudadanía conozca la existencia y labor de Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos
Como parte de las mesas de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con los organismos autónomos, Gustavo Anzaldo Hernández, titular del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, informó el estado que guardan las finanzas de la dependencia a su cargo en el ejercicio fiscal 2019.
Durante la reunión de este viernes, las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México destacaron la importancia de hacer mayor difusión a la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, así como de dotarla del presupuesto necesario para su adecuado funcionamiento.
Al rendir su informe, Gustavo Anzaldo Hernández solicitó una partida presupuestal de 275. 4 millones de pesos y aseguró que el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, se realizó con la autorización y trabajo de todo el colegiado del Tribunal, “participamos todas los magistraturas que integramos el Pleno del Tribunal Electoral, basándonos en los lineamientos constitucionales, legales y reglamentarios que marcan el ámbito de las atribuciones de este organismo autónomo”.
“En el mes de septiembre comenzamos el proceso de análisis para hacer la proyección presupuestal, tomando como referente el ejercicio fiscal 2015, que es el inmediato anterior en donde hubo un proceso de lección intermedia, con base en ese ejercicio hicimos un cálculo”, detalló el magistrado presidente
Gustavo Anzaldo Hernández informó que los tres rubros generales a los que se pretenden destinar estos recursos son para el esquema organizativo y funcionamiento del Tribunal, la labor de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, “será la primera ocasión en que éste órgano intervenga ya en mecanismo electivos, brindando asesoría y defensa que marca la legislación; y finalmente para el programa de mantenimiento de las instalaciones derivado de los sismos de septiembre de 2017.
Planteó que el 2020, será un año inéditos, ya que dijo, “en 20 años no se ha tenido un ejercicio democrático como el que se presentará, vamos a iniciar en el primer trimestre del siguiente año, atendiendo los medios de impugnación por los procesos de participación: Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo correspondiente a los años 2020 y 2021;Elección de las primeras Comisiones de Participación Comunitaria;Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; en donde se elegirán las 66 diputaciones del Congreso Local, 16 alcaldías, y Concejalías;Impartición de justicia con perspectiva de Género; Procesos internos de los partidos políticos para elegir a sus personas precandidatas y candidatas a los diversos cargos de elección popular; procedimientos Especiales Sancionadores; Elección bajo los usos y costumbres de figuras tradicionales en diversos pueblos de la Ciudad de México; Diputado Migrante Medios de impugnación relacionados con el registro de partidos políticos;
El magistrado presidente detalló que con los recursos presupuestales 2020, se llevarán a cabo procesos de actualización y capacitación, la atención de todas las impugnaciones que deriven de los procesos electorales, la difusión tanto de las resoluciones, como de la Defensoría Ciudadana, la contratación del personal para esta nueva instancia de protección ciudadana; así como acciones de mantenimiento de las instalaciones de la dependencia.
“Estamos ante una etapa de cambio en la vida política de la ciudad, con la Constitución Política de la Ciudad de México, la no regresividad de derechos y la convencionalidad de los mismos, las impugnaciones que debemos atender se han ampliado ya que no sólo atendemos temas político electorales. Ante este escenario es importante tener una institución sólida que pueda atender todas las demandas de la ciudadanía”, destacó el funcionario.
Al responder a los cuestionamientos de los legisladores, el titular del TECDMX, aseguró que la mayoría de los recursos están destinados a gastos de personal, derivado de los requerimientos de estructura orgánica que señala la normatividad de dicho organismo, “nosotros solo estamos atendiendo a lo que nos marcan las normas, para hacer ajustes a la estructura orgánica se requeriría modificar las leyes”.
Además señaló que tanto el incremento del capítulo 1000, como lo referente a seguridad social, obedece a que se tiene que contratar al personal de la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos, “habíamos congelado cierto número de plazas debido al techo presupuestal que se autorizó en 2019, y porque esta instancia es de reciente creación”.
Al referirse al incremento en el capítulo de bienes muebles, informó que se debe a los trabajos de mantenimiento y protección civil que se están realizando en el edificio de la dependencia, derivado de los sismos del 17 de septiembre, “requerimos cambiar el elevador de la institución, por eso el incremento”.
Sobre la difusión de las actividades de la Defensoría de Participación Ciudadana, el magistrado presidente informó que se está trabajando con el Instituto Electoral local, para hacer difusión de esta instancia en ferias cívicas; con el gobierno local para que juzgados cívicos y dependencias informen sobre ella, y se ha solicitado a todas las autoridades que ayuden para que la ciudadanía sepa de su existencia y actividades.
Sobre la diputación migrante, indicó que se contempla en el presupuesto no de forma específica, sino dentro de los recursos destinados a impugnaciones, “la decisión de que exista esta figura es de ustedes, sin embargo debemos contemplar que en caso de ser aprobada, existirán acciones de impugnación”.
Indicó que se están atendiendo las observaciones de la auditoría local, y que se están realizando políticas de austeridad, sobre todo en materia de contratación de personal eventual, “la dinámica de los órganos electorales es la de contratar personal únicamente para desahogar las actividades en procesos electorales, lo que ahora contemplamos es trabajar únicamente con el personal que tenemos”.
Durante las intervenciones de las y los diputados, el congresista Jorge Gaviño Ambriz, del PRD, solicitó al funcionario mayor información sobre el presupuesto que se pretende destinar a gastos personales y administrativos, así como de seguridad social, y si se tiene contemplado otorgar prestaciones, premios, gratificaciones y recompensas.
La diputada Leonor Gómez Otegui, del Partido del Trabajo, solicitó información sobre el incremento al presupuesto de bienes muebles e inmuebles; si las 12 plazas que se congelaron fueron únicamente en la Defensoría de Participación Ciudadana; sobre las medidas de austeridad que se contemplan y mayores datos sobre la partida presupuestal para viajes y viáticos.
En tanto, el diputado Diego Orlando Garrido López, de Acción Nacional, consideró necesario fortalecer la difusión de la labor de la Defensoría Ciudadana; mayor información sobre el incremento de presupuesto contemplado para bienes inmuebles; cuánto costará la figura de diputado migrante, así como la creación de nuevos partidos políticos locales.
Durante su participación, el diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, de MORENA, destacó la importancia de generar una política pública que ayude a cumplir con la política de austeridad, por lo que preguntó las acciones que se contemplan en este ámbito; y si la reingeniería y reducción de plazas impactó en todas las áreas o sólo en la defensoría.
