La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en su Pleno la procedencia del amparo en revisión 451/2025, al reconocer el interés legítimo de miembros de las comunidades mayas de Sitilpech, Kinchil y Chapab para cuestionar una Norma Técnica Ambiental que establece las disposiciones para construir, operar y clausurar granjas porcinas en el territorio yucateco.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa respaldó el proyecto y señaló que los demandantes recurrieron al juicio de amparo debido a la ausencia de una consulta indígena previa a la emisión de la norma, la cual les afecta por su condición de habitantes de pueblos impactados por las mega granjas instaladas en las regiones donde residen.

Esquivel Mossa sostuvo que la posición diferenciada de los quejosos frente a la norma impugnada se desprende del contenido de la misma, ya que en ella se menciona explícitamente que su propósito es definir los criterios y lineamientos para la ubicación, planeación, edificación, conservación y funcionamiento de las granjas, así como determinar las acciones para controlar y prevenir los efectos negativos provocados por las actividades productivas.

La ministra añadió que las consecuencias del aumento en la instalación de granjas porcinas en la entidad durante años recientes han sido objeto de estudio en diversos documentos y artículos, donde se da cuenta del rechazo de los pueblos indígenas locales hacia la expansión de dichos centros productivos en distintos territorios ancestrales. Este contexto, afirmó Esquivel Mossa, resulta suficiente para acreditar que la Norma Ambiental produce un impacto diferenciado en los demandantes, al residir en comunidades sujetas a esta regulación, ya que su aplicación práctica incidirá directamente en los lugares donde habitan.