La instalación y operación de Subcomisiones Estatales de Justicia para Adolescentes se enfocan en contar con los medios adecuados para elaborar un plan estatal, a fin de implementar los cambios normativos y la coordinación entre los diferentes actores del sistema judicial, que den cumplimiento a las disposiciones de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA).

La jefa de departamento de Políticas de Defensa y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), adscrita a la Secretaría de Gobernación, Emma Martínez Oloarte, añadió que la LNSIJPA, promulgada el 16 de junio de 2016, se generó ante las diferencias y contradicciones que existían entre las 32 leyes estatales referentes a la tipificación y sanción de privación de la libertad -entre cinco y 20 años- por la misma infracción.

Durante la asesoría ‘Fortalecimiento al sistema estatal de justicia integral de adolescentes’, convocada por la SE del Sipinna de Colima, la servidora pública expuso que la LNSIJPA tiene por objeto garantizar el respeto a sus derechos cuando un integrante de este sector de la población haya entrado en conflicto con la ley; que se establezcan mecanismos alternativos y medidas de sanción que no sean de internamiento con privación de la libertad y que se definan órganos y autoridades especializadas y otros procedimientos adecuados judiciales.

Apuntó que, con base en el interés superior de la niñez, tutelado en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los sistemas estatales de justicia integral para adolescentes deben procurar una protección total de sus derechos, sin discriminación, con reintegración social y familiar, y con una reinserción social efectiva.

De igual forma recomendó que las personas integrantes de una subcomisión estatal de justicia para adolescentes sean magistradas y magistrados de los Poderes Judiciales estatales, Ministerios Públicos (MP), personas defensoras, personal operativo de ejecución de medidas y representantes de los cuerpos policíacos locales que trabajan en ejes como métodos alternos de resolución de conflictos.

Mencionó también la conveniencia de que otras instituciones participen en una subcomisión, como en el caso de Colima, las cuales pueden ser la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y autoridades federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Martínez Oloarte señaló que una vez instalada la subcomisión debe generarse un plan de trabajo con grupos que aborden diversos retos, como son la armonización legislativa, normatividad y protocolos; especialización en adolescencia de juezas y jueces, procedimientos alternos en métodos y medidas cautelares, plan individualizado de ejecución de medidas y un sistema de información específico para este sector de la población.

La asesoría contó con la presencia de personal de la SE del Sipinna de Colima, encabezado por su titular, Maxi Loren Ventura Ramírez.