La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación impulsa la implementación en Zacatecas, de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El director de Políticas de Atención y Promoción de la Justicia de la Secretaría Ejecutiva de dicho sistema, Francisco Castellanos García, señaló que, de acuerdo con datos del Observatorio del Instituto de Justicia Procesal Penal, de los 13.4 millones de adolescentes de 12 a 17 años que hay en México, en 2019 se detuvieron a 22 mil 246. Ellas y ellos representan 1.6 por ciento de la población que entra en conflicto con la ley.

Con el auspicio de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna Zacatecas, precisó que, a partir de estas cifras, se detecta que de las conductas por las que se detiene a las y los adolescentes, las dos terceras partes se deben solo a diversas faltas administrativas y se canalizan a juzgados de justicia cívica.

En hombres por narcomenudeo, robo, violación y lesiones, en tanto que, a las mujeres por violencia familiar, narcomenudeo, robo y lesiones.

Subrayó que, en general, las y los adolescentes son en realidad una población que vive condiciones de alta vulnerabilidad, en riesgo y no infractora de la ley.

Cabe recordar que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes –promulgada en 2016– marca que la reintegración social y familiar de la población adolescente en conflicto con la ley, es un proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución de la sanción, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente encontrada responsable de la comisión de un delito.

En este sentido, el servidor público del Sipinna abundó que la reinserción se llevará a cabo a través de programas socioeducativos que incidan en los factores internos y externos, como los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario de la persona adolescente para que genere capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reincidencia y tener un rol constructivo en la sociedad.

Asimismo, en el diálogo con las y los participantes en el taller, Francisco Castellanos García sugirió acciones para involucrar, en mayor medida, a autoridades estatales y municipales en la protección de los derechos de las y los adolescentes como autoridades de contacto directo con el grupo de población para atender sus necesidades y prevenir sus riesgos.

Aunado a cumplir los acuerdos contraídos por el pleno del Sipinna, y que fueron asumidos por la Conferencia Nacional de Gobernadores en 2017 y 2018, mismos que dan respuesta a las recomendaciones internacionales y fijan la visión de política hacia 2030.

Añadió cumplir también el mandato constitucional de establecer un Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tratarles como sujetos de derechos y de protección integral.