_ El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, anunció que se anticipa una producción total de 37 millones 200 mil toneladas de granos y oleaginosas para el año agrícola 2024, marcando un incremento del 2.0% respecto a 2018. Este aumento es el resultado de una temporada de lluvias favorable durante el ciclo Primavera-Verano, lo que se traduce en una producción de maíz de 27 millones 550 mil toneladas, cifra que se aproxima al récord alcanzado en 2023. Villalobos destacó el esfuerzo del sector para superar desafíos como sequías y alzas en los precios globales de insumos.
Durante una reunión con la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami), el secretario subrayó el crecimiento promedio anual del rendimiento del maíz, que ha sido del 2.5% entre 2019 y 2023. Además, afirmó que el país mantiene la autosuficiencia en maíz blanco, con un aumento de producción de 23.7 millones de toneladas en 2018 a 24.3 millones en 2023. Este crecimiento es vital en un contexto donde la falta de precipitaciones había pronosticado una reducción en la producción de maíz amarillo y blanco para 2024.
A pesar de los pronósticos negativos, la reciente temporada de lluvias ha transformado el panorama. Villalobos informó que se prevé que la producción de frijol alcance 1 millón 300 mil toneladas, prácticamente duplicando el volumen del año anterior, y superando el récord de 2021. Además, se estima que la producción de arroz cerrará en 290 mil toneladas, un aumento de 40 mil toneladas respecto al año pasado, y el sorgo alcanzará 5 millones 10 mil toneladas.
El funcionario también mencionó que la producción nacional de soya se proyecta en 350 mil toneladas, un incremento de 150 mil toneladas en comparación con 2023, y la producción de trigo se estima en 2 millones 700 mil toneladas. Villalobos atribuyó este crecimiento a la entrega directa de insumos a pequeños y medianos productores, así como al apoyo de instituciones como el INIFAP y el Senasica.
Finalmente, Villalobos reafirmó el compromiso del gobierno para asegurar un campo productivo y en paz, con un enfoque en la justicia social y la seguridad alimentaria. Esto se logra mediante programas funcionales que benefician a las comunidades más vulnerables y aseguran el acceso a insumos de calidad, contribuyendo así al fortalecimiento del sistema agroalimentario nacional.
