_ Griselda Martínez Vázquez, directora general de Inventarios y Modernización Registral y Catastral de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano , participó en el Primer foro virtual de análisis para la creación de la Ley General de Catastros y Registros Públicos, organizada por integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de la Cámara de Diputados.
Martínez Vázquez explicó que con la creación de esta ley se contará con sistemas registrales y catastrales eficaces y eficientes que garanticen mayor certidumbre jurídica patrimonial, fortaleciendo las haciendas públicas en beneficio de la ciudadanía.
Además, la federación, entidades y municipios administrarán, procesarán y utilizarán la información registral y catastral de manera integral para llevar a cabo una correcta planificación del territorio y con ello, contribuir a aumentar la certeza jurídica de los derechos de propiedad de inmuebles a efecto de favorecer los derechos humanos sensibles a las necesidades de los más vulnerables.
“Tener una cartografía actualizada que refleje cómo se encuentra el territorio, nos permite ir de la mano en los procesos de regularización, en conjunto con los registros públicos. Para hacer una regularización adecuada que no violente los derechos humanos de propiedad de las personas, necesitamos información registral y catastral actualizada que nos permita brindar elementos a las áreas del gobierno correspondientes que lleven a cabo esos procesos de regularización”, explicó la funcionaria.
Otro de los beneficios de la confección de la citada ley es que facilitará el intercambio de información de los distintos tipos de propiedad; es decir, publica, privada y social, para diseñar políticas públicas de planeación y reordenamiento urbano y de vivienda; además de elevar la recaudación de contribuciones de los gobiernos estatales y municipales, principalmente con los impuestos de traslación de dominio y el impuesto predial.
Una vez aprobada por el Congreso de la Unión, con la citada ley se contará con bases de datos homogéneas que ayuden a las autoridades fiscales y de procuración de justicia al combate a la corrupción, creando instituciones responsables y transparentes que coincidan con la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
