El Congreso de la Ciudad de México mantiene un debate intenso sobre la iniciativa de Ley de Rentas Justas, propuesta por la Jefa de Gobierno Clara Brugada Molina el 14 de octubre de 2026, que busca reformar el Código Civil local y establecer la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles para regular los incrementos anuales conforme a la inflación y proteger a inquilinos y arrendadores.

El 6 de noviembre de 2026 iniciaron diez mesas de diálogo para analizar la propuesta. En la primera sesión participaron legisladores de MORENA, PAN y PVEM, autoridades de las secretarías de Vivienda y de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, representantes de organizaciones civiles y colectivos de vivienda, así como más de 100 ciudadanos interesados en discutir los alcances de la iniciativa frente al aumento de rentas y la gentrificación en diversas zonas de la capital.

El 9 de noviembre de 2026, el Secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, compareció ante las comisiones de Vivienda y de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal del Congreso local. Señaló que la propuesta no busca congelar las rentas ni fijar un precio único, sino establecer reglas claras para el registro de contratos, límites a los cobros exigidos para acceder a una vivienda y sanciones específicas, además de respetar la propiedad privada y dar certeza a familias y propietarios.

La iniciativa ha generado divisiones entre los grupos parlamentarios. Legisladores de MORENA y el PVEM expresaron su apoyo al destacar la necesidad de garantizar viviendas dignas y asequibles, mientras que representantes del PAN manifestaron preocupaciones por la falta de diagnósticos y evaluaciones sobre la política de vivienda, solicitaron mayor transparencia en las finanzas del Instituto de Vivienda y enfatizaron la importancia de garantizar el acceso de jóvenes y grupos prioritarios a una vivienda.

El debate se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la gentrificación y el aumento de las rentas en la Ciudad de México, fenómenos que han provocado desplazamientos de comunidades y dificultades para que las familias mantengan su arraigo en ciertas zonas. La discusión busca equilibrar los derechos de propietarios e inquilinos y encontrar soluciones que permitan acceder a viviendas dignas sin comprometer la estabilidad económica de la población.