La prórroga de seis meses otorgada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para el registro obligatorio de líneas celulares en México ha generado un debate sobre la efectividad de las políticas públicas en el combate a la extorsión. La medida, que ahora se extiende hasta diciembre de 2026, busca rastrear líneas telefónicas utilizadas por grupos criminales, pero la constante modificación de plazos ha debilitado la percepción de urgencia entre la ciudadanía. Especialistas en telecomunicaciones señalaron desde el inicio deficiencias en la redacción y los tiempos establecidos, lo que ha contribuido a la resistencia de la población a proporcionar datos personales.

La desconfianza en la seguridad de la información manejada por terceros es uno de los principales obstáculos para la implementación del registro. Aunque muchos usuarios comparten datos sensibles al descargar aplicaciones, la reticencia aumenta cuando se trata de medidas gubernamentales. La CRT, un órgano desconcentrado dependiente de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, liderada por José Antonio Peña Merino, es la encargada de llevar a cabo este proceso. Con la nueva prórroga, se espera que las líneas no registradas sean desconectadas al finalizar el año, aunque la historia de plazos incumplidos genera escepticismo.

La extorsión, un delito que afecta gravemente a familias y empresas en México, ha evolucionado hacia métodos más sofisticados que utilizan líneas telefónicas difíciles de rastrear, operadas desde cárceles o por grupos criminales. El registro obligatorio busca cerrar esa puerta, pero la falta de continuidad en las políticas públicas envía un mensaje contradictorio. Si las reglas cambian constantemente, el incentivo para cumplir desaparece, y el mensaje que se transmite es que siempre habrá otra oportunidad, debilitando cualquier iniciativa gubernamental, por más buenas intenciones que tenga.

Para el sector bancario, el registro de líneas celulares es una herramienta crucial en la lucha contra la extorsión. La Asociación de Bancos de México (ABM), presidida por Emilio Romano, ha trabajado en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dirigida por Ángel Cabrera, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para reportar y cerrar cuentas bancarias utilizadas en estos delitos. El objetivo es cortar el incentivo económico siguiendo el rastro del dinero, en lugar de enfocarse únicamente en la persecución de los delincuentes. Esta estrategia ha mostrado resultados, pero depende de la disponibilidad de líneas registradas para ser efectiva.

La prórroga en el registro de líneas celulares plantea interrogantes sobre la confianza institucional en México. La constante modificación de plazos en políticas públicas debilita la efectividad de las iniciativas gubernamentales y genera una percepción de falta de urgencia. En un país donde la extorsión sigue siendo una amenaza real, el mensaje que se envía con cada extensión es que el problema no es prioritario. Hasta que no se implementen medidas consistentes y se garantice la seguridad de los datos, el lobo de la extorsión seguirá siendo una amenaza latente, mientras el registro telefónico parece nunca llegar.