La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que el gobierno federal construye una nueva relación de respeto mutuo y compromisos cumplidos con los pueblos originarios, al entregar Tarjetas Bienestar con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM) en la región mazahua del Estado de México.

Durante el evento realizado en el Centro Ceremonial Mazahua de la comunidad de Villa de Santa Ana Nichi, municipio de San Felipe del Progreso, Ramírez Amaya señaló que los pueblos indígenas no solo representan el pasado de México, sino que son la raíz viva que sostiene el presente. “Hoy estamos construyendo una nueva relación”, puntualizó ante integrantes de los pueblos originarios de la entidad mexiquense.

En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria informó que en 2026, por segundo año consecutivo, se entregarán más de 13 mil 500 millones de pesos a más de 19 mil comunidades indígenas en todo el país. Estos recursos provienen del FAISPIAM y se destinarán a la realización de obras de infraestructura social básica, en cumplimiento del artículo 2° de la Constitución, que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho con autonomía y patrimonio propio.

Ramírez Amaya detalló que las comunidades eligen de manera autónoma, mediante Asambleas Comunitarias, a los Comités de Administración y de Vigilancia, así como a las mujeres tesoreras. Además, son los propios pueblos quienes deciden las obras prioritarias para su comunidad. Los recursos del FAISPIAM se utilizan en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica educativa y de salud, y mejoramiento de vivienda.

La funcionaria agradeció el apoyo de las y los servidores de la nación, quienes facilitan la entrega de estos apoyos y garantizan que los recursos lleguen directamente a las comunidades. Con esta estrategia, el gobierno federal busca fortalecer la autonomía y el desarrollo de los pueblos originarios, asegurando que sean ellos quienes definan sus prioridades de inversión social.