_ El Gobierno de México informó que se continúa con las acciones para resarcir el daño a los 373 mil derechohabientes del Infonavit afectados por juicios masivos irregulares implementados en 2012. De ellos, 249 mil perdieron la propiedad de su vivienda debido a estrategias fraudulentas realizadas por despachos legales, que incluyeron demandas en estados distintos a la residencia de los trabajadores, falta de notificaciones y acciones irregulares que vulneraron sus derechos.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó durante la conferencia matutina que se han presentado denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para identificar y sancionar a los responsables de estos fraudes, que perjudicaron a miles de trabajadores. En la administración actual se logró detener procesos irregulares similares, evitando la afectación de más de 63 mil familias.
El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, reveló que los despachos legales involucrados recibieron pagos de 29 mil 263 millones de pesos, superando incluso presupuestos destinados a programas sociales. Entre los principales despachos señalados destacan GABSSA, con más de 2 mil millones de pesos en pagos, y ACSER, que recibió 103 millones de pesos por desalojos irregulares. Además, se evidenció el abandono de expedientes en las oficinas de algunos despachos, reflejo de la corrupción en estos procesos.
Romero Oropeza también explicó que se continúa trabajando para resarcir el daño a los derechohabientes afectados, incluyendo a los 22 mil 386 acreditados que siguen al corriente en sus pagos pese a haber sido demandados irregularmente. Asimismo, reiteró el compromiso de la administración actual para garantizar la protección de los derechos de los trabajadores afiliados al Infonavit, y se mantienen abiertas las investigaciones contra notarios, funcionarios judiciales y despachos involucrados en este esquema fraudulento.
El Gobierno de México subrayó que estas acciones son parte de una estrategia integral para fortalecer la transparencia y la justicia en los procesos del Infonavit, asegurando que situaciones como estas no se repitan en el futuro.
