México experimenta un cambio radical en su enfoque hacia los jóvenes en conflicto con la ley. Tras ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) de la ONU en 1990, y con la implementación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) en 2016, el país ha adoptado un nuevo modelo de justicia, especializado para individuos de 12 a 17 años. Esta transición, un paso lejos de las visiones estereotipadas y tutelares que prevalecían antes, reconoce a estos jóvenes como personas en desarrollo y titulares plenos de derechos humanos.

Constanza Tort San Román, encargada del despacho de la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), subraya este cambio en la Sesión Permanente de la Comisión de Secretarías Ejecutivas de los Sistemas de Protección Integral Nacional y de las Entidades Federativas. Propone un examen en profundidad de la implementación de la LNSIJPA en cada entidad federativa y enfatiza la importancia de compartir y socializar los casos de éxito para fortalecer los procesos en cada territorio.

Un aspecto crítico mencionado por San Román es la disposición distinta de la sociedad al tratar con adolescentes en conflicto con la ley en comparación con niños más pequeños. Afirma que existe una deuda histórica con estos jóvenes y que, a menudo, cuando rompen las normas sociales o se unen a grupos armados o delincuenciales, es un indicador de falta de atención adecuada. Las conductas problemáticas pueden ser el resultado de carencias primarias, falta de apoyo emocional, violencia, y obstáculos para acceder a la educación y al empleo temprano.

Emma Lilia Martínez Oloarte, subdirectora de Orientación Jurídica, destaca la necesidad de especialización en la implementación de la LNSIJPA y sugiere varias medidas. Entre ellas se incluyen la difusión de lineamientos de especialización, el monitoreo de procesos de vinculación, asesorías para introducir el enfoque de derechos en la formación académica, diseño de indicadores de reinserción social y el fortalecimiento de estrategias locales para medidas en libertad para adolescentes.