El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, y nueve expertos independientes pidieron este jueves a las autoridades de Tennessee, Estados Unidos, no realizar un nuevo intento de ejecución contra Christa Pike, quien sobrevivió a dos inyecciones letales, y llamaron a conmutar su pena de muerte.

Pike permanece hospitalizada en estado crítico después de que el procedimiento de ejecución del 30 de septiembre terminara sin su muerte. Antes de las inyecciones, un tribunal había suspendido temporalmente la ejecución, pero la medida fue levantada posteriormente y el procedimiento continuó.

Türk señaló que el sufrimiento físico y mental derivado de los intentos fallidos representa una preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos. Además, afirmó que todavía existen cuestionamientos sobre las garantías de un juicio justo en el caso de Pike.

Los nueve expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también solicitaron a Tennessee que transforme la sentencia y descarte cualquier nuevo procedimiento para ejecutar a Pike. El grupo sostiene que los tribunales deben considerar que los dos intentos fallidos violan las obligaciones internacionales contra la tortura y la privación arbitraria de la vida.

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando Pike tenía 18 años. La ejecución estaba programada para el 30 de septiembre y habría convertido a Pike en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de dos siglos.

Durante el procedimiento, las autoridades administraron dos dosis de pentobarbital, pero Pike sobrevivió; posteriormente, los paramédicos la trasladaron a un hospital de Nashville para que recibiera atención médica. Tras ello, sus abogados han cuestionado el procedimiento y buscan detener cualquier nuevo intento de ejecución.

Por su parte, las autoridades de Tennessee han defendido que el personal siguió el protocolo establecido. Sin embargo, después del incidente, el gobernador Bill Lee ordenó una revisión independiente de lo ocurrido y suspendió las ejecuciones restantes previstas para 2026 mientras se realiza la investigación.

Así, el caso vuelve a poner bajo escrutinio los procedimientos de inyección letal en Estados Unidos, mientras continúan los procesos legales sobre el futuro de la condena de Pike.