_ La diputada Alessandra Rojo de la Vega propuso la creación de juzgados penales especializados en violencia de género El legislador Diego Orlando Garrido propuso modificar el Código Penal local para fortalecer la figura de defensa propia
La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el legislador Diego Orlando Garrido López, del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativas para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y garantizar juzgados penales especializados en violencia de género, y reformar el Código Penal para fortalecer la figura de defensa propia.
La diputada Rojo de la Vega planteó que la reforma al artículo 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene el objetivo de crear juzgados penales especializados para garantizar la igualdad jurídica, el respeto a la dignidad e integridad de las víctimas y el derecho a la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Explicó que desde el año 2015 los casos de feminicidio se han incrementado, llegando a ser la segunda causa de muerte de mujeres entre 15 y 24 años de edad. Indicó que si bien en la Ciudad de México se han ido tomando acciones para tratar de enfrentar esta situación, estos esfuerzos son sólo una parte, ya que están encaminados a realizar acciones en la investigación, asesorías y acompañamiento de las mujeres víctimas, dejando de lado la obligación de juzgar estos hechos con perspectiva de género.
La iniciativa fue turnada para su análisis a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
En tanto, el diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Diego Orlando Garrido López, propuso una iniciativa de reforma al Código Penal que tiene por objeto clarificar la figura de la legítima defensa privilegiada con un enfoque províctima, lo cual no se traduce en una autorización para hacerse justicia por propia mano, sino que traslada la carga de la prueba al Ministerio Público.
“Actualmente si algún delincuente entra a una casa y el habitante se defiende ante ese robo, el sistema le exige a esa víctima de robo que acredite que su defensa fue proporcional. Con esta reforma la carga de la prueba ahora será para el Ministerio Público y no para la víctima que sufrió el asalto o robo en su casa”, señaló.
Esto –apuntó el legislador– permitirá que el ciudadano podrá defenderse y repeler la agresión bajo la presunción de legítima defensa privilegiada, manteniendo así su libertad y otorgándole la carga de prueba al Ministerio Público.
