La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados informó el 1 de septiembre de 2026 sobre la recepción y el turno a comisión de una iniciativa presidencial que propone reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca establecer la nacionalidad única como requisito obligatorio para ocupar la titularidad de los poderes ejecutivos federal y locales, incluyendo la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, los candidatos a dichos cargos deberán ser ciudadanos mexicanos por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijos de padre o madre mexicanos, y no poseer ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una nacionalidad adicional, se exigirá su renuncia expresa antes del registro como candidato, en los términos que establezca la ley. Además, durante el ejercicio del cargo quedará prohibido adquirir o solicitar otra nacionalidad, así como invocar ante autoridades extranjeras una ciudadanía distinta a la mexicana.

La iniciativa también contempla sanciones para quienes, estando en funciones, utilicen pasaportes o documentos de identidad expedidos por estados extranjeros, ejerzan derechos políticos inherentes a otra ciudadanía o se acojan a la protección diplomática de otra nación. El objetivo central de la reforma es garantizar que los titulares de los poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano, con el fin de evitar posibles conflictos de interés con gobiernos extranjeros y fortalecer la soberanía nacional.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen. Este movimiento legislativo ocurre en un contexto marcado por casos recientes como el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien posee doble nacionalidad mexicana y estadounidense y ha manifestado su intención de competir por la Presidencia en 2030, a pesar de enfrentar investigaciones por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La reforma constitucional refleja una preocupación por asegurar la lealtad y el compromiso exclusivo de los servidores públicos de mayor rango en el país. De ser aprobada, modificaría los requisitos de elegibilidad para cargos ejecutivos en los tres órdenes de gobierno, lo que podría tener implicaciones significativas en el panorama político nacional de cara a los próximos procesos electorales.