La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que desde el inicio de la Cuarta Transformación en 2018 se rompieron los vínculos ilícitos entre autoridades y grupos criminales que, según señaló, se consolidaron durante administraciones anteriores, en particular durante el sexenio de Felipe Calderón. La mandataria subrayó que su gobierno no mantiene acuerdos con el crimen organizado ni con actores vinculados a delitos financieros, y destacó que nadie puede acusar a su administración de hacer pactos, ni por debajo ni por encima de la mesa, con criminales de cuello blanco o delincuencia organizada.

Estas declaraciones se dan en un contexto de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que recientemente solicitó la extradición de políticos mexicanos acusados de vínculos con el narcotráfico, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Sheinbaum calificó estas acciones como injerencia extranjera y defendió la soberanía nacional, afirmando que México es una nación libre donde no mandan intereses extranjeros ni grupos de poder económico.

La presidenta también criticó a líderes de la oposición, como Alejandro Moreno del PRI y Jorge Romero del PAN, acusándolos de promover la injerencia de Estados Unidos en México bajo el argumento de exigirle romper presuntos pactos criminales. Sheinbaum señaló que estos dirigentes están relacionados con actos de corrupción y que sus señalamientos carecen de fundamento, reiterando que su gobierno actúa con transparencia y sin acuerdos ocultos.

La relevancia de estas declaraciones radica en la reafirmación del compromiso del gobierno actual con la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, así como en la defensa de la soberanía nacional frente a presiones externas. Sheinbaum subrayó las diferencias entre la actual administración y las anteriores en cuanto a la relación con grupos criminales, destacando un cambio en la política de seguridad y en la gestión gubernamental desde 2018.

En este contexto, la presidenta aseguró que su gobierno no ha pactado con el crimen organizado y que las acusaciones en su contra son infundadas. La mandataria insistió en que México debe ser respetado como nación soberana y que no permitirá que intereses extranjeros dicten su política interna, reafirmando su compromiso con la justicia y la legalidad en el país.