SEP cambia su versión y deja vacío legal sobre escuelas militarizadas
_ La Secretaría de Educación Pública (SEP) modificó su postura en tres días sobre la legalidad de las escuelas militarizadas en educación básica. El 24 de julio afirmó que no existe norma que autorice esta modalidad; el 27 de julio, el titular Mario Delgado reconoció que hubo un reglamento antiguo, aunque lo calificó como “superado” por las leyes actuales.
Sin embargo, un análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey revela que dos disposiciones publicadas en 1943 y 1982 sí contemplan planteles militarizados, y no se encontró un decreto que las derogue expresamente. El reglamento de 1943 regula academias particulares de tipo militar, y el Acuerdo 96 de 1982 permite escuelas primarias militarizadas con autorización de la Defensa.
El documento aclara que la ausencia de abrogación expresa no confirma su vigencia, pero tampoco la descarta. Se requiere una definición formal de la SEP, la Consejería Jurídica o una autoridad jurisdiccional para resolver el vacío legal.
La SEP envió un oficio el 24 de julio pidiendo a los estados revisar planteles con nombres como “militarizada”. Tres días después, Delgado admitió la existencia del reglamento, pero sostuvo que está rebasado. Expertos señalan que “superado” no es una categoría jurídica que sustituya una derogación.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa se deslindó el 25 de julio: afirmó que carece de facultades para autorizar, supervisar o regular escuelas civiles militarizadas, basándose en su reglamento interior de 2008.
El caso tomó relevancia tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida el 16 de julio en un campamento de una academia militarizada privada en Ciudad Madero, Tamaulipas. La necropsia estableció asfixia por sumersión y la Fiscalía investiga por feminicidio.
En los registros oficiales, el Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP identifica al menos 62 escuelas con “militar” en su nombre, la mayoría en bachillerato. Nuevo León concentra 12 bachilleratos con 5 mil 881 estudiantes. El debate no se limita a privadas: hay oferta pública estatal en Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes.
La Ley General de Educación y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya prohíben castigo corporal y trato humillante, pero el vacío jurídico sobre la modalidad militarizada persiste. La SEP pidió revisión nacional, mientras estados como Tamaulipas detectaron otros cinco planteles similares.
El siguiente paso será definir formalmente el estado jurídico de las normas de 1943 y 1982, y establecer reglas claras de supervisión. Mientras tanto, la revisión de permisos continuará bajo interpretaciones distintas entre autoridades federales y estatales.
Sin embargo, un análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey revela que dos disposiciones publicadas en 1943 y 1982 sí contemplan planteles militarizados, y no se encontró un decreto que las derogue expresamente. El reglamento de 1943 regula academias particulares de tipo militar, y el Acuerdo 96 de 1982 permite escuelas primarias militarizadas con autorización de la Defensa.
El documento aclara que la ausencia de abrogación expresa no confirma su vigencia, pero tampoco la descarta. Se requiere una definición formal de la SEP, la Consejería Jurídica o una autoridad jurisdiccional para resolver el vacío legal.
La SEP envió un oficio el 24 de julio pidiendo a los estados revisar planteles con nombres como “militarizada”. Tres días después, Delgado admitió la existencia del reglamento, pero sostuvo que está rebasado. Expertos señalan que “superado” no es una categoría jurídica que sustituya una derogación.
Por su parte, la Secretaría de la Defensa se deslindó el 25 de julio: afirmó que carece de facultades para autorizar, supervisar o regular escuelas civiles militarizadas, basándose en su reglamento interior de 2008.
El caso tomó relevancia tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida el 16 de julio en un campamento de una academia militarizada privada en Ciudad Madero, Tamaulipas. La necropsia estableció asfixia por sumersión y la Fiscalía investiga por feminicidio.
En los registros oficiales, el Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP identifica al menos 62 escuelas con “militar” en su nombre, la mayoría en bachillerato. Nuevo León concentra 12 bachilleratos con 5 mil 881 estudiantes. El debate no se limita a privadas: hay oferta pública estatal en Guanajuato, Zacatecas y Aguascalientes.
La Ley General de Educación y la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya prohíben castigo corporal y trato humillante, pero el vacío jurídico sobre la modalidad militarizada persiste. La SEP pidió revisión nacional, mientras estados como Tamaulipas detectaron otros cinco planteles similares.
El siguiente paso será definir formalmente el estado jurídico de las normas de 1943 y 1982, y establecer reglas claras de supervisión. Mientras tanto, la revisión de permisos continuará bajo interpretaciones distintas entre autoridades federales y estatales.
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