La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el grupo empresarial de los hermanos Hernández Casillas forma parte de una red de colusión en compras electorales que, según una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno con fuentes abiertas, nació hace 27 años, se consolidó durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE) y está vinculada al partido político SOMOS. En su conferencia matutina, la mandataria señaló que lo primordial es investigar y transparentar la adquisición de paquetería electoral.

De acuerdo con la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, la investigación halló que las contrataciones electorales están vinculadas a los hermanos Hernández Casillas desde hace 27 años. El rastreo se remonta a la década de los 80: entre 1983 y 1988, los hermanos trabajaban en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación, donde José Alfredo Hernández Casillas era secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del RENAPO y vinculado al priismo mexiquense. En 1987, Raymundo Hernández Casillas se desempeñaba en el área de Recursos Financieros y Materiales, y en 1988 se constituyó la empresa Cartonera Plástica. En 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del CISEN e incorporó a José Alfredo como su secretario particular; ese mismo año, Raymundo se integró al área de Investigaciones.

Buenrostro detalló que en 1992 se constituyó la empresa Formas Finas Fernando Fernández, vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas. En 1999, Cartonera Plástica, vinculada a José Alfredo, participó como proveedor electoral en el Estado de México y en 2005 obtuvo del Instituto Electoral del Estado de México un contrato de 63.7 millones de pesos para suministrar material electoral, año en el que hubo denuncias de irregularidades y presuntos sobornos que provocaron la renuncia de siete consejeros electorales. Entre 2012 y 2013, los hermanos diversificaron empresas y contratos con órganos electorales locales en Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.

La funcionaria explicó que en 2014, con la reforma electoral, la designación de consejeros de los órganos electorales pasó de los Congresos locales al Consejo General del INE que presidía Lorenzo Córdova. Del 2015 al 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales. En 2023, Guadalupe Taddei fue designada consejera presidenta del INE y, entre 2024 y 2025, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 de los 32 OPLEs.

En la conferencia, Sheinbaum cuestionó el vínculo entre los empresarios y el partido SOMOS. Afirmó que el creador de los hermanos Hernández Casillas y de sus empresas es miembro de ese instituto político, y mencionó que en él coinciden exintegrantes del INE como Marco Antonio Baños, representante suplente de SOMOS ante el INE; Edmundo Jacobo Molina, quien fue secretario ejecutivo y ahora es titular del Centro de Formación y Profesionalización Política; y Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano. La presidenta también sostuvo que la red no surgió con Taddei y que cualquier acto ilegal debe ser visto por la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía.

Buenrostro precisó que el INE es un órgano autónomo que depende de su contralor interno y del Congreso, por lo que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificar irregularidades y proceder a las sanciones y faltas administrativas, así como denunciar ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, añadió, estudia mecanismos para prevenir que estos esquemas se repitan en la Administración Pública Federal.

La presidenta informó que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos con la participación en su Consejo de Administración de más secretarías, instituciones académicas y, como observadora, la ASF, con el fin de que el material electoral se fabrique en esta empresa del Estado, mientras que otros elementos sean adquiridos con empresas mexicanas.