La Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia (UASJ) de la Secretaría de Gobernación ha establecido formalmente la Subcomisión de Reinserción y Reintegración Familiar y Social de Adolescentes, cuya primera sesión ordinaria tuvo lugar recientemente. El propósito de esta subcomisión es coordinar los esfuerzos interinstitucionales para establecer las bases que promuevan la eficaz operatividad de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

De manera colectiva, la subcomisión busca impulsar la coordinación de servicios destinados a la plena reinserción y reintegración familiar de adolescentes, trabajando con las autoridades correspondientes y los diferentes órdenes de gobierno. Este esfuerzo tiene como objetivo promover la inclusión social, laboral, educativa, cultural y deportiva de esta población.

La creación de esta subcomisión fue acordada en la Primera Sesión Ordinaria 2023 de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Pospenales, que tuvo lugar el 14 de febrero. En la sesión de la subcomisión, Crescencio Jiménez Núñez, titular de la UASJ y coordinador de la subcomisión, propuso la revisión y posible aprobación del plan de trabajo del grupo y del Protocolo de Actuación para la Aplicación de la Evaluación de Riesgo y Medidas Cautelares Distintas al Internamiento.

Con este plan, se espera obtener resultados significativos que aseguren el cumplimiento de los principios establecidos en tratados internacionales, la Constitución y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. La implementación de la subcomisión se suma a las acciones del Ejecutivo federal para promover un modelo garantista de administración de justicia basado en el reconocimiento de los derechos humanos de este grupo de edad.

A la sesión asistieron representantes de varias instancias que conforman la subcomisión, incluyendo las secretarías de Bienestar, Cultura, Trabajo y Previsión Social (STPS), Educación Pública (SEP), Economía y Salud, así como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre otros.