Asumimos la responsabilidad de encontrar mecanismos que permitan insertar a estos comerciantes a la vida productiva, para lo cual estableceremos un diálogo permanente: Patricia Mercado Castro

Con el fin de garantizar la movilidad de las personas que visitan y habitan el Centro Histórico de la Ciudad de México, se toman medidas necesarias para inhibir el retorno de los comerciantes en vía pública, conocidos como “toreros”, informó la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado Castro.

En conferencia de prensa, explicó que la Secretaría de Seguridad Pública desplegó elementos en calles del Centro Histórico para preservar los espacios de convivencia.

Esta acción se desarrolla en el Perímetro A, comprendido entre las siguientes calles: Avenida Juárez, el Carmen, Correo Mayor, Moneda, Pino Suárez, 20 de Noviembre, 5 de Febrero, Madero, República de Brasil, Tacuba, República de Chile, Donceles, Mixcalco, Leona Vicario, Manuel Doblado, Lecumberri, República de Uruguay, 5 de Mayo, Seminario y Eje Central de Arcos de Belén a Perú.

Esta acción da continuidad a la desplegada el pasado 23 de julio, cuando se acordó el retiro de 286 comerciantes en vía pública de la Avenida Izazaga –en el tramo de Pino Suárez a Eje Central—, así como el retiro de comerciantes en vía pública en el cruce de las calles Jalapa y Puebla, en la colonia Roma Norte.

La funcionaria señaló que, de manera simultánea, el Gobierno de la CDMX está trabajando con las comisiones de transición en las distintas delegaciones políticas de esta capital, con el fin de acordar una agenda de trabajo conjunta que resulte en beneficio de la ciudadanía.

Agregó que el Gobierno de la Ciudad de México reconoce a las organizaciones que representan al comercio en vía pública y, de igual manera, reafirma su convicción de que la mayor parte de las personas que ejercen esta actividad lo hacen para sostener a sus familias y así hacen valer su derecho al trabajo.

Sin embargo, también señaló que hay quienes han convertido esta actividad en un negocio de subcontratación de personal.

Por lo anterior, señaló, “asumimos la responsabilidad de encontrar mecanismos que permitan insertar a estas personas a la actividad productiva en condiciones de trabajo digno”.

El reto es compaginar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, como el de libre tránsito, con el derecho al trabajo, concluyó la funcionaria.